Imputado portaba el revólver de un carabinero
La fiscalía dijo que el arma pertenecía a un uniformado de la Primera Comisaría. Acusado quedó en prisión.
Gracias a información obtenida en diligencias relativas a delitos de robo, la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Tarapacá, junto a la Policía de Investigaciones (PDI) lograron identificar y detener a dos hombres, quienes mantenían en sus domicilios de Alto Hospicio tres armas de fuego bajo su poder.
En la audiencia de control de detención el fiscal de foco Oscar Sáez detalló que el imputado identificado por las iniciales M.V.T., fue detenido en su domicilio ubicado en el condominio Vista Mansa de la citada comuna.
El sindicado mantenía una pistola calibre 32 con su cargador, una escopeta calibre 12 y cartuchos de distintos calibres, además de chalecos de seguridad, equipos de comunicación radial y grilletes de seguridad.
Además portaba otros elementos comúnmente usados para cometer delitos contra la propiedad, así como ocho bolsas con 28,85 gramos de cocaína.
En tanto el segundo imputado identificado por las iniciales J.R.R., tenía en su domicilio ubicado en pasaje Rancagua de la misma comuna, un revólver calibre 38 especial, el cual había sido hurtado a un funcionario de la Primera Comisaría de Carabineros de Iquique en noviembre del año pasado.
El primer acusado fue formalizado por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y de municiones, tráfico de droga en pequeñas cantidades y el tener elementos utilizados para cometer robos.
En tanto al segundo formalizado se le comunicaron cargos por tenencia ilegal de arma de fuego y receptación.
Ambos imputados quedaron en prisión preventiva mientras dure la investigación, que tiene un plazo fijado para 100 días.
Desde la Fiscalía precisaron que hasta ahora no existen antecedentes que vinculen a los imputados como integrantes de alguna banda u organización criminal, sin embargo cuentan con elementos que permiten dilucidar que ambos se juntaban para cometer algunos ilícitos.
El persecutor seguirá trabajando conjuntamente con la policía civil en la recolección de evidencias que conlleven a acreditar las acusaciones en un eventual juicio oral por el caso.
100 días de investigación fue el plazo otorgado por el tribunal para las diligencias del caso.