Patricio Iglesias P.

La minería y el turismo corporativo son la causa de que el sector hotelero se mantenga operativo en medio de la pandemia. Así lo creen dirigentes del sector al conocer el informe del INE sobre "Actividades de alojamiento para instancias cortas", con cifras correspondientes al mes de abril de este año.

El informe reveló que durante abril pasado se registraron 150.924 pernoctaciones en el país, disminuyendo 91,5% respecto al mismo mes del año anterior. El INE indicó que los datos recolectados en abril de 2020 dan cuenta de una situación atípica, que se explica por la gran cantidad de establecimientos cerrados o sin movimiento.

A nivel regional el mayor nivel de pernoctaciones se registró en la región de Antofagasta (32.570), con una baja de 77,1% respecto a abril de 2019, seguida por la región Metropolitana.

En el ranking regional de tasa de ocupación en habitaciones, la mayor se registró en Antofagasta (22,1%), seguida por Arica y Parinacota (20,5%) y tercero Tarapacá (20,3%).

La región presenta una variación de -10,95% respecto a similar período del año pasado, por la pandemia. Mientras que en la tarifa promedio diaria por pasajero, Tarapacá se ubicó en cuarto lugar con $44.086 y una variación positiva de un 13,7 por ciento.

Las cifra, para el presidente de la Asociación de Hoteleros, Jorge Platero, es sorpresiva, por cuanto pese a que más del 80% de hoteles están cerrados, es la actividad minera y corporativa la que sigue sosteniendo el sector. Argumentó que de su asociación hay dos hoteles funcionando, pero que se esperaba una medición más baja, considerando que muy pocos hoteles se han mantenido operativos, algunos por la actividad minera y convenios con empresas.

Cree que las cifras de mayo podrían reflejar más la situación compleja del sector. "Nuestra esperanza está puesta en junio, donde pueden reactivarse más faenas mineras", acotó, pero señaló que todo se circunscribe a esta área, y el turismo general es a largo plazo.

Una visión similar compartió Silvana Hormazábal, del hotel Charly Inn, que está reconvertido, pues a su juicio solo un limitado sector se mantiene operativo , "por eso aún la región puede aparecer con números positivos".

La directora regional de Sernatur, Bárbara Rojas, reconoció que el período estival fue positivo para la región, que pese a los efectos del estallido social tuvo un 82,5% de ocupación. Dijo que ahora nuevamente marca una tendencia al alza, "por supuesto no de turistas, entendiendo la grave contingencia sanitaria que vivimos. Si bien son cifras importantes, no son para estar contentos, dado que nuestros empresarios hoteleros lo están pasando muy mal".

Dijo que el sector se mantiene gracias a que el corporativo, mineras, compañías y otros, están arrendando y contratando servicios de alojamiento para sus trabajadores para realizar cuarentenas preventivas y también para la continuidad de los contratos mineros de inversión . "Valoramos que exista interés de las grandes compañías, ya que tenemos plena conciencia que parte de la recuperación turística y la reactivación sobre todo para los hoteles, será por la actividad minería y empresarial", expresó Rojas.

10 mil viajeros se registraron en abril en Tarapacá, un 90,6% menos que en 2019, según la DGAC,

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Ayer pasaron a control de detención los nueve ciudadanos bolivianos que fueron detenidos por Carabineros el pasado martes, mientras viajaban desde Iquique hacia Colchane con permisos temporales indebidos.

Según explicó la policía uniformada, los sindicados se desplazaban por la ruta 5 Norte pasada las 13 horas cuando fueron fiscalizados por los funcionarios.

El personal policial detectó que los aludidos que transitaban a pie portaban la autorización por una supuesta mudanza gestionada a través de la Comisaría Virtual, sin embargo no pudieron comprobar que dicho trámite era efectivo al no mantener algún documento notarial que acreditara el cambio de domicilio.

A raíz de la discordancia Carabineros procedió a la detención de los extranjeros por incumplir con la cuarentena total impuesta por el COVID-19.

En audiencia de formalización el fiscal Hardy Torres expuso ante el tribunal las circunstancias del caso, acusando a los nueve imputados por la infracción al artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quienes incumpliendo la normativa sanitaria ponen en peligro la salud pública.

El persecutor ofreció a los imputados la suspensión condicional del procedimiento, lo que significa que los sindicados deben fijar domicilio y no podrán abandonar el país por el plazo de un año, además del pago de una multa de 9 Unidades Tributarias (UTM).