Romel J. Puche

Una banda conformada por 10 narcos dedicados al tráfico de éxtasis y de otras drogas en la región de Tarapacá y Santiago, fue detenida luego de ser seguida durante siete meses por detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI).

Además, según corroboró la Fiscalía con apoyo de los investigadores, la organización internaba diversas drogas por Colchane para su posterior trasladado en vehículos de carga hacia la Región Metropolitana.

El subprefecto Guillermo Gálvez, jefe de la unidad especializada, refirió que se trató "de una organización trasnacional, la cual estaba compuesta por ciudadanos colombianos, bolivianos y chilenos".

Gálvez explicó sobre la peligrosidad que conlleva el consumo de estos comprimidos de fabricación artesanal, y aseveró que "en general en estas pastillas nada asegura que mantengan una cantidad homogénea de droga, por lo tanto una podría no tener droga y la otra contener demasiada a un nivel que podría causar una sobredosis".

Formalización

En la audiencia de formalización la Fiscalía indicó al tribunal que esta banda operaba en el país a lo menos desde noviembre del año pasado, tanto en Tarapacá como en Santiago, y era liderada por un ciudadano colombiano.

El imputado en cuestión tenía contacto con proveedores bolivianos para ingresar droga como cocaína, marihuana y sintéticas, la que eran transportada y comercializada en distintas ciudades.

Junto a sus socios, el sindicado financiaba la adquisición de la mercadería, así como el arriendo de departamentos en Iquique y en Santiago para el desarrollo y la planificación de las operaciones ilícitas.

Junto a él se logró detener a sus socios, también de nacionalidad colombiana, quienes se preocupaban de la logística para el ingreso de la mercancía ilícita, y coordinaban su entrega y transporte hasta la zona central. Dichos también aportaban dinero para financiar las compras.

La banda tenía mandos medios (de nacionalidades colombiana, boliviana y chilena) que cumplían distintas funciones, como hacer los contactos con los proveedores, gestionar la internación, y también administrar los envíos y cobros de dinero de la asociación.

En Antofagasta permanecía resguardado un imputado identificado por las iniciales A.G., a quien la Fiscalía acusó por haber efectuado los disparos que lesionaron a un hombre en la vía pública, evento acontecido en cercanías de Cavancha en febrero del año pasado. Además, el acusado fue parte de un grupo que intentó secuestrar al afectado.

Por los delitos frustrados de homicidio y secuestro fue formalizado el sindicado quien junto a otros 10 hombres habría participado en el ataque armado.

En la audiencia de formalización el fiscal (s) Milton Torres explicó que los hechos ocurrieron el 5 de febrero del año 2019, alrededor de las 15:25 horas, cuando el grupo arribó a la intersección de calles Arturo Fernández con Hernán Fuenzalida.

Los imputados iban a bordo de tres vehículos donde previamente concertados, interceptaron a la víctima que caminaba por dicha arteria, golpeándola e intentando subirla contra su voluntad a uno de los móviles.

Ante la resistencia del afectado, dos imputados dispararon en su contra con armas de fuego (uno de ellos A.G.,) huyendo del lugar no sin antes atropellarlo con uno de los vehículos, aprovechando que se encontraba en el suelo.

La víctima fue auxiliada por civiles, llegando al lugar personal policial y del Servicio de Atención Médica de Urgencias (Samu) que la trasladaron al hospital, resultando con lesiones graves producto de un trauma abdominal.

En audiencia el tribunal decretó la prisión preventiva del acusado, quien fue trasladado hasta la cárcel de Alto Hospicio donde otros ocho formalizados permanecen privados de libertad a la espera de juicio previsto a desarrollarse el próximo 27 de julio. Diligencias del caso han sido ejecutadas por la Brigada de Homicidios de la PDI.

27 de julio está previsto el inicio del juicio por cuya causa ya van nueve formalizados en prisión.