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Por infringir toque de queda detienen a 13 personas en un mismo sector

Los aprehendidos fueron fiscalizados en la vía pública y no contaban con el salvoconducto respectivo.
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Romel J. Puche

Un total de 13 personas detenidas, entre ellas una adolescente, fue el saldo de un procedimiento ejecutado por personal del Ejército la noche del pasado domingo en la calle Arturo Pérez Canto de Iquique, cuando uniformados fiscalizaban el cumplimiento del toque de queda dispuesto por el COVID-19.

La aprehensión coincidió cuando Carabineros de la Primera Comisaría realizaban patrullajes preventivos en el sector cerca de las 23:30 horas, y fueron alertados por los funcionarios castrenses quienes mantenían retenidos a seis personas incumpliendo el confinamiento nocturno.

Los detenidos incluían a tres personas de nacionalidad chilena, dos peruanos y un colombiano quienes circulaban en la vía pública sin el debido salvoconducto, por lo que fueron notificados de su delito contra la salud pública.

Una menor de 17 años, quien formaba parte del grupo detenido, fue trasladada hasta su domicilio y alertado de dicha situación a su representante, para que el mismo velara por la no reiteración del ilícito.

En paralelo, y en el mismo lugar, una segunda patrulla del Ejército mientras realizaba un control sorprendió a otras siete personas circulando por la vía pública, los mismos manifestaron en su fiscalización no mantener la autorización respectiva para transitar a esa hora.

Del segundo grupo se detuvo a tres personas de nacionalidad boliviana, junto a dos chilenos y dos peruanos.

Por todo lo anterior la policía uniformada alertó a la Fiscalía, realizando la denuncia respectiva por la vulneración de derechos de la adolescente, de quien el persecutor decidió dejarla apercibida en su respectivo domicilio.

En el caso de los 12 adultos todos fueron conducidos hasta la comisaría, donde posteriormente por orden de la Fiscalía quedaron apercibidos a la espera de citación, esto por el criterio de haber sido la primera vez que fueron detenidos por el citado ilícito contra la salud pública.

Carabineros los dejó en libertad una vez finalizó el horario del toque de queda, y verificó que los sindicados efectivamente se trasladaran hasta sus casas para el cumplimiento de la cuarentena total dispuesta por la crisis sanitaria.

Ninguno de los detenidos era positivo para el COVID-19 según se acreditó en la base de datos de los cuerpos de seguridad pertinentes.

Balance

En el punto de prensa ofrecido ayer por el Jefe de Defensa Nacional (Jedena) en Tarapacá, general Guillermo Paiva, este señaló respecto a los controles y fiscalizaciones desarrollados el pasado domingo que "hubo cuarenta detenciones por no respetar el toque de queda y 51 por infringir la cuarentena, además se cursaron 59 infracciones por no cumplir con las restricciones vehiculares".

Paiva precisó que desde el inicio del estado de emergencia hasta la fecha, se registra un total de dos mil 849 detenidos por no respetar el toque de queda, sumado a dos mil 329 por incumplir con la cuarentena total obligatoria por el COVID-19 y por restricciones vehiculares se han cursado mil 263 infracciones.

El general dio que el nuevo estamento que regula el cumplimiento de las normas sanitarias, contempla mayores penas de reclusión y económicas.

2.849 detenidos suma el no respetar el toque de queda desde el inicio del estado de emergencia hasta la fecha.

romel.puche@estrellaiquique.cl

Interponen recurso para investigar a empresas distribuidoras de cajas

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El diputado Hugo Gutiérrez junto al concejal Matías Ramírez y el consejero regional Pedro Cisternas, militantes del PC, presentaron un recurso en Contraloría Regional para investigar y sancionar por presuntas irregularidades, a las tres empresas a cargo del proceso de logística y entrega de las cajas del programa "Alimentos para Chile".

En el documento el diputado Gutiérrez solicitó que se investigue a las tres empresas que por contrato directo se ganaron la distribución de las cajas del Gobierno Regional de Tarapacá, DID Sonido y Compañía SPA; Sociedad V Y L Deportes Limitada y la particular Lorena Barrientos Ramírez. Precisaron que las "empresas adjudicadas (DID Sonido y Compañía SPA y Sociedad V Y L Deportes Limitada) carecen de actividades relacionadas a alimentos al momento de aceptar orden de compra".

A ello sumaron que la empresaria que aparece distribuyendo alimentos es una "persona natural que no tiene solvencia económica y, eventualmente, fue utilizada como fachada".

También que figura prestando servicios de cafetería desde 2018, cuando asume el actual gobierno.

El consejero Pedro Cisternas precisó que el objetivo "es que aclare si las empresas tienen el giro para operar. Por qué una semana antes de iniciar actividades cambiaron el giro

El intendente Miguel Quezada aseguró que "son empresas locales y que permitieron ocupar a 120 personas que estaban sin trabajo. Desde el punto de vista del resguardo y para tranquilidad de todos, hemos dispuesto de auditores del proceso en el Gobierno Regional y en la Intendencia.Además, y como corresponde a sus atribuciones, la contraloría también nos está auditando".