Romel J. Puche

Ocho contagios por COVID-19 se registraron entre el viernes y ayer en organismos dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Tarapacá, específicamente en el Centro de Justicia Juvenil de Iquique y en una de las residencias del servicio.

Son dos jóvenes, dos niños y cuatro funcionarios los contagios confirmados hasta la presente fecha, según lo indicó la Secretaría Regional Ministerial de Salud y el propio Sename.

La directora regional del Sename, María Teresa Osorio, precisó que "en el Centro de Justicia Juvenil se le practicó el PCR respectivo a la población de 13 jóvenes, de los cuales dos arrojaron positivo".

"Estos dos jóvenes se encuentran aislados en las mismas dependencias y separados del resto, hasta el minuto no han presentado sintomatología y están en buen estado de salud, hemos tomado todas las medidas preventivas y paliativas del caso", asentó Osorio, quien aseveró que desde el inicio de la pandemia se aplicó un protocolo de acción para prevenir los contagios.

La directora regional dijo en los mismos términos que de los 36 funcionarios que trabajan en el recinto penal, no hay casos confirmados y todos fueron testeados.

En cuanto a las cuatro residencias del Sename, Osorio manifestó que se hicieron PCR a toda la población compuesta por 60 niños, de los cuales dos arrojaron resultado positivo al COVID-19. En tanto de los 104 trabajadores testeados solo cuatro dieron positivos.

En relación a cómo se generaron los contagios estando las visitas suspendidas en todas las dependencias del Sename, la directora comunicó que los funcionarios trabajan en sistemas de turnos y salen a la calle a sus respectivos descansos, sin embargo refirió que "la trazabilidad tendría que determinarla el servicio de salud".

El seremi de salud, Manuel Fernández, refirió que "se determinó el brote hace unos días atrás, esto dentro de la planificación de búsquedas activas se testearon a todas las personas de las distintas residencias".

"Hoy (ayer) está precisamente un equipo del Cesfam Cirujano Videla haciendo el levantamiento del estado de salud de cada persona, hasta la fecha no se ha detectado un caso con un problema mayor de salud".

Por todo lo anterior la Defensoría Penal Pública interpuso ante los tribunales de garantía una cautela de garantía para transparentar el estado de salud de los jóvenes y niños infectados. El defensor regional Gabriel Carrión detalló que "la institución observa la evolución de estos casos desde el primer momento en que se tuvieron indicios".

La defensora especializada en responsabilidad penal adolescente, Natalia Andrade, indicó que con la cautela de garantías " se busca una revisión médica diaria y el aviso a los adultos responsables de los jóvenes sobre su evolución de salud, que se disponga además de celulares para su debida comunicación con familiares y su defensa, e informar además cuándo se realiza un nuevo testeo".