Oficio de Contraloría declara ilegales contratos por cajas de alimentos
La entidad fiscalizadora informa que las empresas encargadas del armado y distribución de la mercadería, presentan irregularidades en el proceso que lideró la intendencia.
U n oficio de la Contraloría Regional de Tarapacá declaró ilegal la contratación por parte de la Intendencia de tres empresas y la Asociación Cristiana de Jóvenes, para materializar la adquisición y entrega de las 45 mil cajas con mercadería del programa "Alimentos para Chile", proceso que se realizó en junio.
El órgano contralor, mediante un oficio, cuestionó las resoluciones N° 3 y 4, que autorizan los contratos por trato directo y N° 30 del Gobierno Regional de Tarapacá, que aprueba el convenio de transferencia para la adquisición y distribución de canastas familiares en la provincia de Iquique, celebrado con la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique, todo ello, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, por no ajustarse a derecho.
Esto fue evidenciado tras un control para fiscalizar el uso de los recursos públicos en la emergencia sanitaria en todas las regiones del país. Es así que declaró ilegales los tratos directos suscritos entre la Intendencia de Tarapacá y los proveedores Lorena Barrientos Ramírez y DID Sonido y Compañía Spa para la adquisición de 7.457 y 8.006 canastas familiares, respectivamente, destinadas a la paliar la emergencia del COVID-19.
De acuerdo al informe, la Contraloría también consideró ilegal el contrato suscrito entre el Gobierno Regional de Tarapacá con la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA).
El documento señala que el intendente debió abstenerse de suscribir el convenio de transferencia, ya que, según lo observado por la Contraloría, la autoridad participa en la Sociedad de Inversiones Quezada y Salgado Limitada, integrada por Juan Carlos Salgado Magna, quien forma parte del directorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique.
Agrega el oficio que el intendente participó del directorio de dicha asociación hasta el 5 de marzo de 2018.
El órgano contralor comprobó en terreno, en el caso de la empresaria Lorena Barrientos, una serie de irregularidades, como subcontratar una empresa para hacer la distribución de cajas de alimentos. La Contraloría detectó que "la operación, contratación de personal, armado de cajas de alimentos y coordinación para la distribución de los beneficiarios era efectuado por la empresa C & A Eventos Spa ("Ciudad de Eventos"), que también amplió su giro relacionado con la distribución de alimentos el 16 de junio".
En el oficio se explica que Barrientos señaló a los fiscalizadores de la Contraloría que prestó su nombre a C&A, ya que esta empresa aparece en Chile Proveedores como "inhábil", es decir, no cumple con los requisitos de inscripción en el registro por deuda en el boletín laboral, impedimento que mantenía hasta la fecha. La proveedora transgredió, según Contraloría, la prohibición de subcontratar bienes y servicios de esa contratación directa.
En el caso de DID Sonido y Compañía, Contraloría señaló que a la fecha de celebración del contrato, la empresa figura en Impuestos Internos con giros como servicios de producción de obras de teatro, conciertos, espectáculos, venta al por mayor de productos químicos, venta al por menor de textiles para el hogar, entre otros. Recién el 16 de junio la firma amplió su giro de actividad económica de "venta al por mayor de huevos, lácteos, abarrotes y de otros alimentos".
Aludidos
El presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Juan Torres, manifestó "no conocer ni estar en antecedentes" de una resolución de Contraloría, respecto al proceso de distribución de cajas con mercaderías del programa "Alimentos para Chile".
Argumentó que como entidad no gubernamental procedieron a actuar para el proceso y su gestión ya concluyó.
Mientras que el empresario Dimitri Díaz, de la empresa DID Sonido, manifestó que "no estoy informado de ese proceso". Refirió que "nosotros actualmente y antes de eso, estamos dedicados a ese tema (alimentos)". Explicó que lo que se hizo en Impuestos Internos fue una regularización de giro que dura su tiempo. "Pero nos puedes ver en Facebook que estamos dedicado a ese tipo de venta".
Recalcó que su empresa trabaja con alimentos y que la entrega de cajas de mercadería la materializó el 25 de junio.
Por su parte, la empresaria Lorena Barrientos Ramírez, cuando fue consultada por este diario por las formulaciones de Contraloría, manifestó "voy a ver el informe. Porque yo no tengo idea de lo que me está hablando". Después agregó que "cuando estuvimos haciendo las cajas hablamos con Contraloría y está todo okey".
SOLICITUD de DIPUTADO
Al margen del control efectuado por Contraloría, en forma paralela el diputado Hugo Gutiérrez, el consejero regional Pedro Cisternas y el concejal Matías Ramírez, oficiaron a este organismo para que se investigara el proceso de contratos de Alimentos para Chile, N°111198/2020.
El consejero regional Pedro Cisternas aseveró que el oficio presentado en Contraloría fue hecho ante una serie de irregularidades que advirtieron, como que se trataba de empresas de eventos y que se habían reconvertido pocos días antes de acceder a la licitación. Consideró que "lo que dice Contraloría puede ser la base para acceder a una acción en la justicia", acotó.
En tanto el concejal Matías Ramírez, dijo que "esperaremos los antecedentes de Contraloría para presentar una querella criminal contra los responsables de tráfico de influencia".