toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia", declaró en un comunicado el 15 de abril solicitando que países, permitieran el regreso de sus ciudadanos.

Boni y sus compañeros contaron con suerte. El tribunal los dejó en libertad, pero con una multa de $452 mil (580 dólares). Su defensora penal pública, Scarlett Muñoz, cuestionó al consulado boliviano y pidió al gobierno chileno ayudar a sus representados mientras continuaban en Chile. "Los imputados me refirieron que en varias oportunidades acudieron al consulado de Bolivia, pero el cónsul les negó la ayuda. Ya han agotado todos sus recursos económicos y por ello tomaron la mala decisión de trasladarse hacia Huara. Ojalá el gobierno chileno pueda brindarles un albergue hasta que reabran la frontera para que sus vidas estén resguardadas".

El tribunal envió oficios al cónsul de Bolivia y a tres autoridades chilenas. Todos se excusaron de poder ayudar, argumentando que apoyar a los retornados no entra en sus competencias, o ni siquiera respondieron.

Quien sí respondió fue el cónsul de Bolivia en Santiago, Marcelo Arias de la Vega, quien estuvo en una misión especial en Iquique hasta la segunda semana de junio: "Ninguna comisión consular en el mundo le da a nadie albergue ni alimentación", fue su lacónica respuesta.

Sin embargo, la canciller de Bolivia Karen Longaric, lo contradice. Así lo explicó en un comunicado para este reportaje que, de acuerdo con la Ley boliviana, la número 145, el Ministerio de Relaciones Exteriores puede destinar de sus recursos propios a financiar ayuda humanitaria a los ciudadanos bolivianos en el exterior que se encuentran en situación de vulnerabilidad a través de la Gestoría Consular para la atención específica, entre otras cosas, de ayuda humanitaria.

"Cuando los migrantes desean regresar voluntariamente a sus hogares, los gobiernos tienen la obligación de recibirlos y de velar por que tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos", decía Bachelet en su comunicado que es como si hubiera caído a las arenas del desierto del norte chileno.

Mientras las autoridades le daban la espalda a Boni Flores y a sus compañeros, la boliviana Yiobana Laura, que vive desde 2008 en Iquique, los ayudó con un techo.

"Una compatriota me informó que ellos no tenían ni un peso para comer, y yo no dudé y dije: 'Ya, poh', yo los hospedo hasta que las autoridades se pronuncien".

Ese pronunciamiento nunca llegó, así que Yiobana se ocupó de sus compatriotas todo el resto del tiempo que estuvieron en Chile. Allí cumplieron parte de la cuarentena que les exigía Bolivia como requisito para ingresar al país. El retorno finalmente fue el 17 de junio a través de un transporte humanitario organizado por el Gobierno Chileno que los llevó hasta la frontera. Al cruzar terminaron de cumplir la cuarentena en el campamento "Tata Santiago", habilitado por el Estado boliviano para recibir a los retornantes, pero que tiene cupos limitados. En una primera instancia el campamento estaba previsto para 300 personas, pero existían más de 480 esperando en Huara y otros cientos en camino. La falta de cupo generó protestas en la frontera.

Albergues

Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano (centro de análisis políticos que promueve la democracia y equidad en América Latina y el Caribe), comenta: "El tema migratorio siempre ha estado subordinado al fondo de las prioridades de las políticas públicas tanto de los Estados huésped como los Estados expulsores de migrantes. Hay un gran déficit de manejo de políticas y de sensibilidad con el respeto a los derechos constitucionales de las personas. El tema del retorno presenta una molestia para los Estados de origen de los migrantes. Es una molestia porque ni siquiera lo esperaban, ni siquiera lo tenían pensado".

El cierre perjudicó principalmente a los trabajadores migrantes que se quedaron sin empleo y atrapados en el extranjero. En las ciudades del norte chileno, por ejemplo, trabajadores bolivianos, peruanos, ecuatorianos, y colombianos, quedaron varados en terminales de buses de distintas ciudades, hasta que las autoridades habilitaban alguna escuela para alojarlos. Muchos no alcanzaron cupo en esos improvisados albergues, por lo que debieron dormir en la calle, frente a sus consulados, en canchas de minifútbol, o en sedes de organizaciones sociales.

Lo mismo se repitió en Perú, en Argentina, y en Paraguay, entre otros países de la región.

Orozco del Diálogo Interamericano advierte: "En América Latina en el momento en que cualquier persona saca sus pies del país de origen, sus derechos constitucionales en ese país desaparecen. El Estado desatiende los intereses de su diáspora y cuando intenta hacer algún tipo de política el ejercicio es bastante mediocre. Dejan el problema a otros, a terceros que no se sienten del todo responsables de estas poblaciones".

El caso de los colombianos en el exilio es un reflejo de esa situación. Después de Venezuela, que ha expulsado millones por la crisis humanitaria, económica y política, el país cafetero ha expulsado cientos de miles por cuenta del conflicto armado y la violencia actual, pese a los anuncios de paz. Solo en Chile hay más de 160 mil colombianos, unos 120 mil en Argentina, 60 mil en Ecuador y 10 mil en Perú, según lo reportan los institutos de estadística nacionales de cada país.

#HuellasDeLaPandemia, un trabajo colectivo de varios periodistas de la región miembros de la Comunidad CONNECTAS, recoge las historias de varios migrantes que reflejan las consecuencias de este desamparo estatal. Para conocerlas ingrese aquí: https://www.connectas.org/coronavirus-migracion/.