Corresponsabilidad para la accesibilidad

En lo que respecta al entorno urbano, la accesibilidad universal es la condición que la ciudad debe cumplir para asegurar el derecho de cualquier persona a desplazarse en plena libertad, autonomía y sin dificultades. Un derecho fundamental que, en Chile, se encuentra consignado en la ley 20.422 promulgada el 10/02/2010.

Salí hace un par de días a hacer uso de este derecho con mi hija pequeña, utilizando el permiso de salida de niños, niñas y adolescentes que permite alejarme hasta 1 km. a la redonda de mi domicilio. Vivo lejos de las playas y parques del borde costero, entonces mis posibilidades se redujeron a caminar por las cercanías y mi primer intento fue dar una vuelta a la manzana. Un polígono de cuatro lados resuelto sobre una dura pendiente que, pone en aprietos, incluso a los ciclistas de delivery más entrenados.

Pero yo decidí vivir aquí, así que subo y bajo esas laderas empinadas, sin quejas. Lo que no elegí para mí, fueron las más de 30 barreras que identifiqué recorriendo apenas cuatro calles y que me obligaron a abandonar mi espacio peatonal y exponerme a caminar por la calzada, tomando en brazos a mi hija para hacerlo, una y otra vez.

Errores de diseño, de ejecución constructiva, faltas múltiples de mantención en aceras y pavimentos; áridos, residuos y vehículos obstaculizando el paso y accesos de estacionamientos residenciales interrumpiendo la continuidad de las veredas. ¿A quién responsabilizar?

La primera barrera a derribar para conquistar la accesibilidad es la actitudinal, entender que no habrá accesibilidad sin corresponsabilidad. Porque lo relevante de las dificultades que describí en mi relato, es que son transversales a todas y todos, en algún momento o en buena parte de nuestras vidas. A quien va con su carrito de compras o con su hijo en triciclo o en coche, a quien requiere bastón o sillas de ruedas para desplazarse y a cualquier persona de la tercera edad. La ciudad es nuestra morada colectiva y es nuestro deber compartido, hacer de ella un lugar que no nos duela, sino que nos ampare, reflejando la diversidad de nuestras capacidades.

"La ciudad es nuestra morada colectiva y es nuestro deber compartido, hacer de ella un lugar que no nos duela, sino que nos ampare...".

Gissel Godoy Riquelme, Arquitecta-MBA

La discusión por la aprobación de la Ley de Migraciones impulsada por el oficialismo con carácter de urgencia, en medio de la crisis sanitaria y económica actual, ha tomado un camino desalentador.

Hemos sido testigos de cómo algunos sectores políticos han desplegado esfuerzos por instalar el discurso racista del "Chile para los chilenos", centrando el debate de la migración en una suerte de preocupación por cuánto se debe abrir o cerrar las fronteras del país, ante la amenaza de futuros deseos de extranjeros cesantes, pobres, por emprender "turismo laboral" hacia el territorio chileno, post Covid-19.

Tales descalificaciones y señalamientos son inaceptables, porque instalan mensajes xenófobos y contradicen la evidencia científica, desconociendo los aportes económicos, sociales y culturales que los migrantes vienen realizando en el país.

También, son intolerables, porque han distanciado al proyecto de ley de la real posibilidad de contar con una normativa con perspectiva de derecho; una columna escrita por la investigadora Fernanda Stang, hace poco, bien decía: "queríamos una nueva Ley, no una peor".

Es necesario que se incluya en las consideraciones del proyecto de ley, lo que han señalado ya, y en múltiples ocasiones, las organizaciones migrantes y expertos en la materia, en cuanto a un proceso de regularización inmediata con sentido humanitario, garantías sobre el cambio de categoría dentro del país, el cumplimiento de los compromisos internacionales a favor de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias; y que se desista de la implementación de visas consulares y criterios selectivos y discriminadores.

Para generar un diálogo social y político que permita una discusión seria y responsable sobre el fenómeno de la migración en Chile, y en consecuencia, sobre las acciones de política pública que debe emprender con urgencia el Estado, es fundamental que estos sectores, ciegos y resistentes a la diversidad cultural, entiendan que la migración no es una amenaza para el desarrollo, tampoco es un hecho al cual se puedan referir siempre en tercera persona, porque esos a los que llaman migrantes, son individuos que tienen derechos, tienen voz, y por cierto, una parte significativa, tiene voto.

Neida Colmenares

Académica

Impacto ha causado en las últimas semanas la situación de Borja Díaz, un niño de un año y cinco meses que padece de atrofia muscular espinal, una enfermedad genética poco común que produce deterioro muscular progresivo, afectando funciones esenciales como la deglución y la respiración. Su última opción de tratamiento es el medicamento Zolgensma, cuyo valor sobrepasa los 2 millones de dólares.

A esta situación se enfrentan habitualmente quienes padecen de enfermedades de baja prevalencia en la población, conocidas también como enfermedades raras. Estas patologías generalmente tienen su origen en defectos genéticos, son progresivas, incapacitantes y presentan una alta mortalidad.

En los últimos años, han sido aprobadas nuevas terapias para algunas de estas patologías, pero todas con un factor común: elevadísimos costos.

¿Se justifican estos precios? la industria farmacéutica argumenta los altos costos en el desarrollo de estos medicamentos, sumado a la demanda reducida. Independiente de la veracidad de estos argumentos, es urgente transparentar el mercado farmacéutico y generar estrategias de colaboración entre el mundo público y privado, dirigidas a asegurar el acceso a estas terapias. Como sociedad no podemos seguir abandonando a su suerte a quienes padecen estas enfermedades.

Mario Navarro

Académico Escuela Química y Farmacia U. Andrés Bello