Concretan la expulsión judicial más grande en la historia de Tarapacá
Más de 200 personas que cumplían condenas en las cárceles de la región sustituyeron su pena privativa de libertad por la expulsión del país.
Un total de 207 migrantes quienes se encontraban internados en las cárceles de Iquique, Pozo Almonte y Alto Hospicio, fueron expulsados judicialmente ayer del país en lo que se tradujo en el operativo más grande en la historia de Tarapacá.
El prefecto inspector César Cortés, jefe de la PDI en Tarapacá, señaló que "en este caso fueron 207 personas los expulsados, 83 de ellas mujeres y 124 hombres, la gran mayoría estaba cumpliendo condenas por infracción a la ley de drogas, tráfico ilícito, también tenemos por porte ilegal de armas, trata de personas".
"Todos ellos (bolivianos) estaban en los distintos penales de la región de Tarapacá y fueron los tribunales de justicia en base a la ley decretaron esta expulsión, ahora bien esta es la mayor cantidad de personas que se han expulsado de una sola vez, con lo que ha ocurrido el año 2020 son 485 personas que se han acogido a esta posibilidad de la medida expulsiva judicial", enfatizó la máxima autoridad en la región de la Policía de Investigaciones (PDI).
Se trató del tercer operativo de este tipo que coordina el Ministerio del Interior con la policía civil, tras la reanudación de este programa, que fue suspendido como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
El primero de estos operativos se realizó el 23 de julio pasado en el Complejo Fronterizo Chacalluta en Arica, lugar donde se concretó la expulsión de 113 personas de nacionalidad peruana, mientras que el segundo se desarrolló desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en Santiago, el 17 de agosto, con 38 colombianos rumbo a Bogotá.
Durante el año 2019, entre los meses de enero a agosto, la PDI materializó la expulsión de 527 extranjeros, correspondiendo 524 del tipo judicial.
El prefecto inspector Cortés señaló que "estos extranjeros se acogieron a un beneficio que les otorga el Estado chileno, amparado en la ley 20.603, artículo 34, la cual se basa en una pena sustitutiva que indica que toda persona extranjera que tenga una condena inferior a cinco años, se puede acoger al beneficio de computar su pena con la expulsión del territorio nacional, esto coordinado con los tribunales correspondientes".
En cuanto a qué sucede con los extranjeros expulsados, el jefe policial precisó que no podrán ingresar al país por el plazo de 10 años a contar de la fecha, y será la propia PDI la encargada del control migratorio en caso de presentarse algún ilícito en el ingreso al territorio.
Asimismo en el operativo desplegado hizo presencia el intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, quien manifestó que "nuestra región ha estado ligada a la migración fundamentalmente de peruanos y bolivianos, en el último tiempo hemos tenido una presión muy grande respecto de lo que significa otras nacionalidades que están migrando a la región".
"Es importante tener una ley de migración que sea ordenada, legal y que se pueda ingresar sin ningún problema y de forma segura", enfatizó el intendente.
Delitos
Entre los condenados se contabilizaba la comisión de delitos por porte ilegal de arma de fuego (uno), trata de personas (uno) y finalmente 205 relacionados al tráfico ilícito de drogas. Con esta pena conmutativa de expulsión, los implicados no podrán ingresar al país en un plazo máximo de 10 años a contar de la fecha. Durante 2020 se han materializado 485 expulsiones, de ellas 454 corresponden a las de tipo judicial.