Redacción

El ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, dijo ayer estar "sorprendido" ante el anuncio de congelamiento de relaciones con el Ejecutivo firmado por tres legisladores de la Región de La Araucanía, quienes declararon que "perdimos la fe en el Gobierno", tras la muerte de un carabinero mientras se encontraba de servicio en la zona en conflicto.

"Nos vimos sorprendidos, nos enteramos el día de ayer (sábado), ellos están haciendo un punto que el Gobierno lo tiene claro hace rato", dijo Bellolio en Canal 13, luego de que fuera conocida la declaración firmada por los parlamentarios de Evópoli en La Araucanía: el senador Felipe Kast y los diputados Sebastián Álvarez y Andrés Molina.

Los legisladores señalaron que "nuestra región ha perdido la fe en nuestro Gobierno, y ha llegado el momento de asumir el fracaso de la estrategia ocupada en el último tiempo. Ni este Gobierno, y tampoco los anteriores, han cumplido con su responsabilidad de enfrentar decididamente a grupos terroristas vinculados al robo de la madera, a la ocupación ilegal, y al tráfico de drogas. Cada día que pasa el crimen organizado se hace más fuerte, y nuestra democracia más débil".

"Es clave tener una estrategia integral, un ministro con dedicación exclusiva, equipos de trabajo empoderados, tecnología de punta, inteligencia de primer nivel, coordinación intersectorial, apoyo internacional, además de contar con el compromiso total de la justicia, la fiscalía y las policías", declararon Kast, Álvarez y Molina.

Los legisladores pidieron la "realización de una mesa permanente", liderada por el "ministro encargado" de la zona.

"No es una decisión fácil (congelar las relaciones), pero como parlamentarios de La Araucanía hicimos esta solicitud al Gobierno hace varios meses, y no hemos obtenido respuesta", declararon los militantes de Evópoli, afirmando asimismo que "no estamos disponibles para ser cómplices de la indolencia del sistema político, donde incluso el Congreso se da el lujo de retrasar la aprobación de la Ley de Inteligencia, y de votar en contra del proyecto de ley que busca tipificar el robo de madera y la penalización de la usurpación que hoy es sólo una falta".

El vocero de La Moneda, por su parte, respondió que lo planteado "es parte del diagnóstico, lo sabe muy bien además el propio senador Kast, así como el propio Andrés Molina, porque el propio (exministro del Interior) Gonzalo Blumel en su momento estuvo enfocado en la necesidad de concentrarnos en que lo que pasa en La Araucanía no es solamente algo de más o menos Carabineros, tiene que ver con un problema mucho más grande, tiene que ver con un problema político, de diálogo, y el Gobierno no solo está preocupado, sino que ocupado de lo mismo".

Mañana se vota la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, razón por la cual la presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, dijo a Emol que la iniciativa de Evópoli "me parece incomprensible y oportunista. Yo represento la Región del Biobío, también han habido hechos de violencia acá".

No acaba la controversia por el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el que, junto con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, busca reemplazar al actual Sename. La entidad, por implementar, considera un aumento de la subvención de las residencias en su componente fijo al 50% y un mayor monitoreo de los organismos colaboradores acreditados, entre otros ejes.

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, se refirió en el canal La Red al servicio. Dijo que, mientras "el primer deber del Estado de Chile es prevenir que los niños y adolescentes sean víctimas de vulneraciones a sus derechos" y, por tanto, "el énfasis debe estar puesto" en las garantías, la ley que permitirá implementar el sistema de estas últimas aún está pendiente en su aprobación.Expuso que por ahora el esfuerzo gubernamental "se focaliza" en el nuevo servicio, "anunciado como 'el fin del Sename": implica "un cambio de nombre y de dependencia orgánica, pues pasa del Ministerio de Justicia al de Desarrollo Social, pero, en términos estructurales, no provoca una modificación del modelo de intervención y mantiene el mismo sistema de financiamiento, basado en la subvención, bajo una perspectiva asistencialista y caritativa, que no logra resolver una obligación que le asiste al Estado: garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños".

La subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, respondió en 24 Horas: "No es sólo un cambio de nombre. El Servicio de Protección va a estar bajo la dependencia de Desarrollo Social, ¿y quiénes son los grupos que están bajo esta protección? Los vulnerables".