Redacción

Por los delitos de contrabando y/o receptación aduanero, y uso malicioso de instrumento público falso fueron formalizadas 40 personas con residencia en distintas ciudades del país, que están siendo acusadas de participar en la obtención fraudulenta del beneficio tributario conocido como Partida 0033, que permite a quienes han vivido en el extranjero, ingresar vehículos usados a Chile.

Los imputados fueron identificados, según el Ministerio Público, luego de una extensa investigación llevada adelante por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de la Fiscalía de Tarapacá, Eduardo Ríos, y la Brigada de Criminalística de la Policía de Investigaciones, la cual habría detectado que se estaban ingresando en forma irregular al país vehículos extranjeros usados, utilizando un beneficio que sólo pueden obtener las personas que han residido por varios años fuera del territorio nacional.

Durante esta investigación se incautaron 45 vehículos, con un avalúo aduanero que supera los 237 millones de pesos.

En la audiencia, la abogada asistente de la Unidad Kelly Pérez, junto a la abogada querellante de Aduanas, Jenny Contreras, explicó que el año 2015 los imputados habrían hecho mal uso de la franquicia de la partida 0033 del arancel aduanero, ya sea como titulares de la franquicia que vendieron sus cupos a terceros que no cumplían los requisitos, o como quienes adquirieron los vehículos sin tener derecho a dicho beneficio. Para esto los imputados habrían presentado al momento de la solicitud de la franquicia ante el Servicio Nacional de Aduanas, documentación falsa consistente en declaraciones juradas de domicilios de supuesta radicación definitiva y certificado de viajes que daban cuenta de movimientos migratorios inexistentes.

A juicio de la Fiscalía estos hechos constituyen los delitos de contrabando y/o receptación aduanera y uso malicioso de instrumento público falso, formalizando a los 40 imputados que se presentaron a la audiencia que se realizó por zoom, ya que otras 18 personas no asistieron y se fijó una nueva fecha para ellas.

En la misma audiencia, 20 personas aceptaron la suspensión condicional del procedimiento, con la condición de que se efectúe el remate de 14 vehículos de alta gama en favor de Aduanas. De igual forma, cuatro imputados aceptaron realizar un acuerdo reparatorio con el Servicio de Aduanas en calidad de víctima, consistente en el pago del valor aduanero de los vehículos involucrados en sus delitos y el pago de los derechos e impuestos dejados de percibirse. En total, los acuerdos implicaron un pago de casi 33 millones de pesos por tres vehículos. El resto de los imputados quedaron sujetos a la medida cautelar de arraigo nacional y se fijó un plazo de investigación de 90 días.

$237 millones es el avalúo aduanero de los 45 vehículos que habrían sido parte del fraude.

90 días de investigación decretó el tribunal para los imputados que no concretaron un acuerdo.

La Contraloría General de la República desestimó una denuncia presentada por el diputado Hugo Gutiérrez y el abogado Matías Ramírez contra el director regional de Corfo, César Villanueva, por presuntas irregularidades e inhabilidad de ingreso de personal en la corporación estatal.

La denuncia la presentó el parlamentario comunista por el cuestionamiento que realizó en la contratación en este servicio de la cuñada del director regional de Corfo y un sobrino del diputado Ramón Galleguillos. Entre las situaciones planteadas, argumentó que las personas no cumplían con la idoneidad de los cargos para los que fueron contratados en el servicio, así como presuntos pagos de favores políticos.

En este contexto el diputado solicitó una investigación especial y un proceso disciplinario, que sin embargo no fue acogido por Contraloría, al determinar el Contralor nacional, Sergio Bermúdez " que no advierte la pertinencia de instruir el procedimiento disciplinario requerido a fin de investigar los hechos de que trata la presente denunció".

Al ser consultado por esta resolución, el diputado Hugo Gutiérrez, precisó que "seguiré insistiendo que se investiguen todos los hechos que eventualmente puedan ser ilícitos administrativos o penales y que me sean denunciados".

El director regional de Corfo, César Villanueva Vega, explicó que "por segunda vez, la Contraloría rechaza una acusación infundada del diputado Gutiérrez y el concejal Ramírez. Eso evidencia, que hemos actuado con corrección y absoluto apego a la normativa que nos rige como funcionarios de la administración pública".

2 funcionarios contratados en el servicio eran cuestionados por el parlamentario.