Tres hombres quedaron en prisión preventiva tras recibir supuestas "coimas" en planta de revisión técnica
Fiscalía advirtió que no descarta indagar a otros trabajadores, así como a usuarios beneficiados.
Tras una investigación iniciada en abril de 2019 por Fiscalía y la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros, este jueves se logró la detención de tres individuos de iniciales L.A.Ch.B, (50 años), F.I.B.C. (33) y L.S.R.C. (28), quienes fueron formalizados ayer, quedando en prisión preventiva. L.Ch. por soborno, mientras que F.B. y L.R. por cohecho y por otorgar la revisión técnica sin haber hecho el trámite o con información falsa.
Los tres imputados habrían operado para beneficiar a conductores cuyos vehículos no cumplían con los requisitos mecánicos, pero que acudieron a la planta de revisión técnica de Bajo Molle en Iquique para obtener de igual modo su certificado y así poder circular.
De acuerdo a lo que se expuso en la audiencia de formalización, el mayor de los detenidos, L.Ch., operaba como captador de los clientes, enviándolos a los otros dos imputados, uno de ellos actualmente trabajador de la planta, a quienes luego les transfería dineros que iban desde los $20 mil a los $70 mil por vehículo, a modo de "coimas" de clientes.
Según lo presentado por el fiscal Juan Zepeda ante el juez de garantía, ambos emitieron certificados de revisión técnica falsos, porque no la realizaron o porque bien incorporaron información falsa indicando que los vehículos cumplían con las condiciones técnicas y mecánicas para circular por la ciudad, en circunstancias que eso no era así.
A modo de ejemplo, el persecutor relató que, para la emisión de gases, aceleraban la máquina de medición más allá del tiempo correspondiente para que de ese modo los vehículos no salieran rechazados.
L.Ch. habría realizado al menos seis depósitos a L.R., del 6 de abril hasta el 1 de diciembre de 2019, y 66 depósitos a F.B. entre el 11 de enero y el 14 de noviembre del año 2019.
El Ministerio Público exigió un plazo de seis meses para las indagatorias, lo que fue concedido por el Juzgado de Garantía, a pesar de que las defensas pidieron 60 días, apelando a que la investigación ya estaba avanzada.
Fiscalía recordó que la investigación ha implicado escuchas telefónicas y alzamientos bancarios, no obstante, habría más personas implicadas, por lo que se espera indagar a otros trabajadores, así como a quienes habrían pagado los montos para obtener sus revisiones técnicas, a pesar de no cumplir con las exigencias. De hecho, durante la audiencia se leyeron varias patentes de vehículos que llegaron hasta esta planta.
Defensas
La defensora penal pública Aliny Garcés, quien representó a los imputados L.Ch. y F.B., rechazó la medida de prisión preventiva y pidió la cautelar de arresto domiciliario. Por su parte, el abogado Nicolás Arismendi, defensor particular de L.R., afirmó que el único antecedente que involucra a su representado son 110 mil pesos transferidos por L.Ch., a diferencia de F.B., quien habría recibido $1.471.000.-
6 meses de investigación decretó el juez Mauricio Chía. Defensores pidieron solo 60 días.