Romel J. Puche
Desde el pasado mes de junio la Policía Marítima seguía los pasos de un grupo de mariscadores de la Caleta Riquelme, quienes apoyados por la alcaldesa de mar, según dijo la Fiscalía, conformaron una organización dedicada al narcotráfico cuyo proveedor de la droga estaba asentado en Tacna, Perú.
El pasado domingo los seis miembros de dicha banda cayeron detenidos, tres de ellos detectados fondeados en el mar por el Grupo de Respuesta Inmediata (GRI), cuando a bordo de la embarcación "Halibut" trasladaban 16 bultos de drogas en el sector de Punta de Lobos, a 90 kilómetros al sur de Iquique.
Según explicó el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, "aquí existía un intercambio de locos por droga, buzos mariscadores de la zona coordinados con esta persona (proveedor) que vivía en Perú, llevaban locos y luego se traían la droga haciendo diversas escalas".
Con apoyo de la alcaldesa de mar, la organización tenía conocimiento de los diversos controles que emprendían de forma rutinaria la Policía Marítima. "Ella con su actividad como alcaldesa de mar le permitía informar los zarpes por un lado, informar también a veces de forma falsa zarpes que no se realizaban y también de la actividad de la Policía Marítima, porque ella tenía acceso a esa información y eso era clave para poder ellos actuar más impunemente", destacó Arancibia.
Los últimos tres imputados quedaron detenidos tras una orden verbal emitida por un juez de garantía de Iquique tras gestiones del Ministerio Público. En total fueron incautados 532 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluados en 14 millones de dólares.
En la actividad donde se dio cuenta del procedimiento el ministro de Defensa, Mario Desbordes, felicitó la labor de la Policía Marítima, refiriendo que "es evidente lo permeable que es la frontera marítima que está siendo aprovechado por estos narcotraficantes que son personas de acá mismo de Iquique, vecinos mariscadores de la ciudad que lamentablemente cayeron en el delito".
Por su parte el contraalmirante Alberto Soto, comandante en jefe de la IV Zona Naval, manifestó que "en esta operación participaron más de 40 personas, servidores navales y de la Policía Marítima (...) Este es la mayor incautación de la historia de la Policía Marítima".
Soto prefirió no revelar los medios tecnológicos empleados para la detención de los acusados, sin embargo la Fiscalía indicó que a través de interceptaciones telefónicas pudieron establecer las rutas y actividades emprendidas por la organización.
Formalización
En la formalización el fiscal Guillermo Arriaza explicó que la organización realizaba los traslados de la droga desde Perú a Chile en una embarcación destinada a la pesca artesanal, la cual utilizaba como puerto base la caleta Guardiamarina Riquelme, realizando zarpes no autorizados desde esta ciudad y navegando hasta el límite marítimo internacional para recibir la droga. La sustancia era trasladada hasta el sur de Tarapacá, a fin de eludir el control terrestre asentado en El Loa.
Todos los detenidos son de nacionalidad chilena y el líder de la banda permanecía residenciado en Tacna, los otros cuatro hombres de acuerdo a la Fiscalía se dedicaban a las labores de pesca y ejercían como brazos operativos de la organización, y por último a la alcaldesa mar quien fue acusada como encubridora.
Todos fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas, quedando los imputados en prisión preventiva, mientras que la acusada quedó en arresto domiciliario total y arraigo nacional.
El defensor penal público Rolando Soto, junto al abogado privado Carlos Silva, cuestionaron la detención y se opusieron a la cautelar de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, dicha situación que fue desestimada por la juez de garantía Verónica Opazo.
El también abogado particular Francisco Murua, quien representó en audiencia a la alcaldesa de mar, manifestó la disposición de colaborar con la investigación por parte de su representada, no incidentó vicios en la detención de la acusada y tampoco se opuso a la medida cautelar pedida por el persecutor.
En su resolución la magistrado dio por acreditado de forma preliminar los antecedentes esgrimidos por el fiscal del caso, ponderando los elementos expuestos en relación al contenido de las escuchas telefónicas, donde la organización conversaba aspectos relacionados con el transporte de la droga, y el acopio de dinero en efectivo que se guardaban en la oficina de la alcaldesa.
532 kilos de clorhidrato de cocaína fueron decomisados en el operativo policial.