El llamado de un vecino al 133 de Carabineros terminó con la incautación de 12 armas de fuego que estaban en poder de un grupo de personas en el sector de Laguna Verde en Iquique. Nueve hombres resultaron detenidos, todos chilenos, de entre 46 y 17 años de edad, pues hay un menor involucrado.

El procedimiento se inició el fin de semana pasado, cuando una persona llamó al fono de la policía uniformada para denunciar que en la vía pública había alguien herido. Al llegar, Carabineros realizó un control del sector para que los individuos no escaparan, pues se movilizaban en una camioneta con armas en su interior. Un grupo logró huir a otro domicilio, el que fue allanado y en el que se hallaron más de estos elementos. En total, se incautó un fusil (ametralladora), dos escopetas, tres revólveres, seis pistolas y municiones.

El general Iván Monje, jefe subrogante de la Primera Zona de Carabineros Tarapacá, explicó que se informó al 133 de una persona lesionada presuntamente por un arma de fuego. "A raíz de esto, y de que existía vigilancia especial por el plan cuadrante, se reaccionó rápidamente con un cierre del sector", contó el general.

Preocupación

Hoy debieran ser formalizadas las nueve personas, luego que se ampliara la detención. El fiscal regional Raúl Arancibia adelantó que el Poder Judicial tendrá que cumplir su rol: "Esperamos que la justicia el día de mañana, cuando esta gente sea pasada a control de detención, haga también su papel como corresponde", indicó.

Arancibia agregó que este procedimiento debe llamar a la reflexión y preocupación "de lo que está pasando en nuestra ciudad, aquí estamos actuando frente a organizaciones criminales verdaderamente poderosas, con armas que ingresan de alguna manera a nuestra región. Eso debe obligarnos a actuar con mayor determinación".

El caso es liderado por el fiscal Maximiliano Mariangel de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, quien hoy participará de la audiencia de formalización, además del OS9 y el Labocar de Carabineros.

Aunque el Ministerio Público evitó referirse a los delitos que serán imputados durante esta jornada ante el Juzgado de Garantía de Iquique, el fiscal regional enumeró parte de los ilícitos presuntamente cometidos por estas personas: homicidio frustrado, tenencia ilegal de armas de fuego y armas prohibidas, además del delito de receptación.

Las personas detenidas estarían implicadas en otros delitos de connotación social, pues uno de los involucrados, de 19 años, era buscado por su presunta participación en un homicidio ocurrido el pasado 14 de enero en Alto Hospicio, donde un joven de 22 años perdió la vida en un consultorio de la comuna, hasta donde llegó con un disparo en la cabeza.

Este individuo fue formalizado por homicidio el día de ayer y quedó en prisión preventiva. Hasta ahora solo había sido detenido el conductor del vehículo en el que viajaba al momento del hecho.

Tranquilidad

La autoridad regional valoró este procedimiento. El intendente Miguel Ángel Quezada señaló que esta incautación permitirá sacar de circulación una gran cantidad de armamento en poder de bandas delictuales organizadas, llevando tranquilidad y calidad de vida a los barrios, capturando a personas involucradas en narcotráfico e incluso venta de terrenos fiscales en las tomas.

"Esperamos que la justicia (...) cuando esta gente sea pasada a control de detención, haga también su papel como corresponde".

Raúl Arancibia,, fiscal regional de Tarapacá.

Mauricio Torres Paredes

mauricio.torres@estrellaiquique.cl

Con fecha 18 de enero, la Corte de Apelaciones de Iquique confirmó la sentencia apelada del 27 de junio de 2020 del Primer Juzgado de Letras, por parte de la Municipalidad de Iquique en uno de los juicios que enfrenta con la empresa Concesiones Iquique.

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de la concesionaria y resolvió que la municipalidad incumplió su obligación contractual de fiscalizar el pago de las tarifas de los estacionamientos, por lo que, junto con condenarla a cumplir esa obligación, se ordenó el pago a la demandante de una indemnización de 1.037 millones de pesos por el periodo de octubre de 2015 a julio de 2019, más reajustes. A ello se sumaron montos por 225 millones y 3 millones de pesos por otros conceptos, llegando a una cifra cercana a los $1.266 millones.

El asesor legal y abogado externo de la Municipalidad de Iquique en este juicio contra Concesiones Iquique, Rodrigo Aros, adelantó que el municipio apelará a la máxima instancia judicial del país, la Corte Suprema.

"La Municipalidad de Iquique, tal como lo ha señalado el alcalde, va a seguir defendiendo los intereses de la comuna y de los ciudadanos de Iquique. Nosotros consideramos que hay una serie de elementos de prueba que presentamos al tribunal de primera instancia, que no tuvo en consideración, y luego hace suyo ese análisis la Corte de Apelaciones de Iquique. Vamos a interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema para tratar de revertir esta sentencia", dijo.

Aros recordó que la casa edilicia está en proceso de poner fin al contrato con la concesionaria por supuestos incumplimientos de obligaciones.

Respecto a este punto, la concejal Claudia Yáñez sostuvo que "faltó tomar las medidas cuando correspondía, ya que las bases explican claramente que había dos años para terminar el contrato por incumplimientos (data de la administración de la ex alcaldesa Myrta Dubost) y recién en 2017 se empezó a ver este tema".

En cuanto al último fallo, el concejal Cristian Tapia agregó que "por el bien de Iquique y los iquiqueños, esperamos que el resultado en la Corte Suprema sea favorable para la municipalidad. Ha sido súper difícil poner término a este contrato, porque las bases son muy específicas. Hemos tenido que perder mucha plata y eso es lamentable", indicó.

La empresa evitó referirse a este fallo.