Lengua de señas
El pasado 22 de enero fue publicada en el Diario Oficial la ley 21.303, que reconoce a la lengua de señas como la lengua de las personas sordas
De acuerdo a esta normativa, el Estado reconoce y se obliga a promover, respetar y a hacer respetar los derechos culturales y lingüísticos de las personas sordas, asegurándoles el acceso a servicios públicos y privados, a la educación, al mercado laboral, la salud y demás ámbitos de la vida en lengua de señas.
En Chile existen 712 mil personas con discapacidad que tiene algún grado de pérdida de audición, y de ellas se estima que 179.268 tienen sordera total.
De esta forma la aprobación de esta ley representa una mejora para miles de chilenos, la cual además establece, que la lengua de señas chilena es la natural, originaria y patrimonio intangible de las personas sordas, así como también el elemento esencial de su cultura e identidad individual y colectiva.
La ley también establece criterio que aseguren la calidad de su enseñanza pues esta "será realizada preferentemente por personas sordas calificadas". Además, determina la creación de un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para regular "las condiciones, requisitos y calificaciones necesarias para la enseñanza de la lengua de señas".
Finalmente, se dispone que la enseñanza para los estudiantes sordos "deberá garantizar el acceso a todos los contenidos del currículo común, así como cualquier otro que el establecimiento educacional ofrezca, a través de la lengua de señas como primera lengua y en español escrito como segunda lengua".
Sin lugar a dudas, esta normativa aporta a un Chile más inclusivo, pero por sobre todo, es un desafío para que esto no solo quede en letra muerta sino que en un futuro todos los niños sordos puedan aprender esta lengua y que cada vez su uso sea más común entre los chilenos.
Al mismo tiempo, también es un desafío el que este conocimiento no solo quede en las grandes urbes sino que llegue a todo el territorio nacional, como la única forma de que las personas sordas o con algún grado de discapacidad auditiva logren insertarse de mejor manera y cuenten con similares oportunidades a las del resto de la población.
"En Chile existen 712 mil personas con discapacidad que tiene algún grado de pérdida de audición".