Patricio Iglesias P.

La Coordinadora Habitacional de Laguna Verde, integrada por 6 comités, exigieron que se detenga la orden de desalojo en su contra prevista para el próximo 15 de febrero, "respetando sus derechos humanos y fundamentales", solicitando a las autoridades que solo salgan una vez que sea superada la pandemia del coronavirus.

Los pobladores exigieron dejar la orden emitida por la Gobernación de Iquique, además de proceder a instaurar una mesa de diálogo.

Daniela Velásquez, una de las voceras, aseveró que el objetivo es que la permanencia sea hasta una vez controlada la pandemia y se mantenga una mesa de diálogo con el intendente, las seremis de Vivienda y Bienes Nacionales.

También precisaron que el desalojo violentó su situación sicológica y denunciaron la ausencia en terreno de las autoridades y la justificación y estigmatización de los migrantes que viven en el sector. "donde hay 450 familias con 1.700 personas", afirmó la dirigente con otras coordinadoras de los grupos Pasaje 20 de enero; Monte Sinaí; Luz y Esperanza; 6 de agosto; Nueva Luz y Bellavista.

Los pobladores son apoyados por la agrupación nacional Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno, donde señalan que "fForzar el lanzamiento de 1.600 personas en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo es inconcebible. Los altos niveles de especulación con el valor de los arriendos, los deja sin la opción de obtener un techo bajo el cual guarecerse".

La agrupación asegura que entregó una propuesta para campamentos a la Subsecretaría de Vivienda.

Seremi

Desde la seremi de Bienes Nacionales informaron que se trata de 140 asentamientos, de los cuales dos están desocupados, uno en construcción, tres son de uso comercial. En total son 128, de los cuales 50 familias no recibirían ayuda porque no aplican para aporte, descartando que haya en los terrenos 1.700 personas.

Cabe destacar que parte de este emplazamiento precario está sobre sectores donde se habilitarán vías de llegada y salida al segundo acceso por calle Ramón Pérez.

La seremi de Bienes Nacionales, Pilar Barrientos, aseveró que esos terrenos fiscales deben ser recuperados. "Debo asegurarles a todas las familias que los servicios públicos que están interviniendo en el sector estamos preocupados por ellos. Hemos levantado información y corresponde a 140 familias no a 1,700 personas, mucha de ellas son hábiles para obtener subsidios y los de arriendo que está trabajando Serviu".

La autoridad insistió que no se dejará a los pobladores sin protección "el Estado va a colaborar, pese a que ya se dio una solución a 91 familias que fueron trasladadas a Alto de Playa Blanca precisamente para lograr esta conexión del segundo acceso". Barrientos recordó ya se había solicitado un plazo en julio de 2020 y acceder a otro no depende de Bienes Nacionales.

Minvu y Serviu anunciaron que están dialogando con los vecinos, que se emplazan en parte de las obras complementarias del segundo acceso.

Cabe consignar que en la región hay 40 campamentos y en el caso de Laguna Verde, el reasentamiento no está considerado como oficial y se considera una toma.

El seremi de Vivienda, Carlos Prieto, aseveró que "hemos tenido un primer acercamiento con los dirigentes, ya que entendemos el trasfondo humano que este tipo de medidas conlleva y, en ese sentido, siempre hemos estado disponibles para el diálogo. También hemos aclarado el marco regulatorio que rige la entrega de un beneficio habitacional en nuestro territorio nacional".

Mientras que el director regional de Serviu, Juan Manuel Torres, precisó que "hemos estado en constante comunicación con los siete dirigentes que representan al grupo que debe desalojar el área, de manera de que todo este proceso sea transparente e informado".