La pandemia instaló ahora un nuevo foco de conflicto, esta vez entre las autoridades de gobierno, el Colegio de Profesores y los diferentes actores de la educación.

Mientras desde el Ministerio han precisado que el inicio de las clases se realizará el 1 de marzo y que serán los padres y apoderados quienes deben decidir si consideran oportuno enviar a los niños a las aulas, desde el gremio docente han sido claros en argumentar que se deben dar todas las condiciones sanitarias que permitan resguardar la integridad de alumnos, docentes y funcionarios. Para ellos es necesario, además del cumplimiento de los protocolos, que todo el personal ya esté vacunado contra el SARS-CoV-2.

Si bien el proceso de inoculación está avanzando y en la región ya cerca de 40 mil personas han recibido la primera dosis de la vacuna, lo cierto es que los expertos han precisado que solo luego de la segunda dosis se podría tener más seguridad sobre su efectividad, lo que a fin de cuentas no se logrará en la fecha anunciada. En ese contexto, la demanda del Colegio de Profesores es que las clases presenciales se reanuden solo en la fase 4 del plan "Paso a paso".

En concreto, varios docentes menores de 60 años han concurrido esta semana a los centros de vacunación, sin embargo, no se les suministró el fármaco, toda vez que según la indicación de la autoridad se debe cumplir con el calendario de vacunación, que considera como factor clave la edad de los funcionarios.

La educación es una herramienta clave de toda sociedad y es evidente que durante 2020 las teleclases se convirtieron en una fórmula para avanzar en la entrega de los contenidos curriculares. No obstante, esto no estuvo exento de problemas, ya que en algunos casos incrementó la brecha en el acceso al conocimiento, afectando sobre todo a los sectores más vulnerables y que por razones conocidas cuentan con menor acceso a la tecnología.

Llama la atención que faltando tan poco tiempo para la llegada de marzo, no se defina una situación que reviste la mayor importancia para el país, sobre todo porque es un tema de primera necesidad y donde la improvisación puede resultar grave.

Es momento de decisiones y mensajes más claros sobre el tema.

"Llama la atención que faltando tan poco tiempo para la llegada de marzo, no se defina una situación que reviste la mayor importancia".

Nuestro país desmanteló su Estado como protagonista de la vida social, económica, cultural, política, para dejar importantes áreas estratégicas en manos del mercado y de la iniciativa privada, como la educación, la salud, las pensiones, la vivienda, el agua y la electricidad.

El estallido primero y la pandemia después, nos demostró la necesidad de un retorno al Estado como garante de equidad, inclusión, salud pública, la alimentación, subsidios y el acceso a conectividad, para enfrentar un entorno cada vez más dinámico, impredecible y complejo. La necesidad de un rol regulador en estas áreas fue expresada de modo categórico en las elecciones de octubre/2020 exigiendo una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución.

Como explicábamos en una columna anterior, los procesos migratorios son expresión de estos cambios, para bien o para mal, son un hecho social, y como lo viene demostrando una serie de experiencias internacionales, no se resuelven única y exclusivamente con una política de contención en la fronteras, si esta no va acompañada de una política pública robusta, capaz de encauzar esa energía social en beneficio de la comunidad local, regional y nacional, desincentivando el ingreso irregular, el coyotaje, y la contratación de mano de obra barata.

Para ello es vital que el proceso constituyente rediscuta este Estado mínimo, y que hace competir a los sectores vulnerables nacionales y migrantes por desfinanciados servicios públicos como la salud, la previsión, los subsidios, la educación y vivienda, entre otros, para dar paso un Estado social que cautele por el bienestar de la comunidad en general, independiente del género, clase, color de piel o el lugar de nacimiento de sus ciudadanos y ciudadanas.

La Universidad Arturo Prat aporta al diálogo constructivo en estos temas, a partir del saber de su comunidad académica instalada en sus Institutos y Facultades, esa es nuestra marca perenne con el "Conocimiento y Territorio".

"Los procesos migratorios son expresión de estos cambios, para bien o para mal, son un hecho social".

Alberto Martínez Quezada, rector Universidad Arturo Prat

Es importante que a medida que pasan los días en fase 2, los tarapaqueños no se relajen y continúen cumpliendo al pie de la letra las medidas sanitarias. De lo contrario, la fase de Transición podría durar poco.

Información clara

Cada día ha cobrado más interés el proceso de vacunación en la región, por lo que se hace necesario que se difunda todavía más el calendario de vacunación. Ayer, bastante personal de la educación quedó plantada sin recibir las dosis. Se necesita más información.

Deporte

Muchas personas están practicando deporte y ahora en distintos horarios. Hay que tener cuidado no solo con el virus, sino que con otras situaciones que también afectan la salud. No olvide usar bloqueador solar e ir de a poco, sobre todo luego de varios meses sin practicar.