Exfiscal regional formalizado por microtráfico de drogas en cárcel
El juzgado de Garantía prohibió difundir el nombre del abogado imputado. Quedó con cautelares.
Con medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de asistir al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, quedó el ex fiscal regional de Tarapacá identificado por las iniciales C.D.R.A. -el juzgado de Garantía prohibió difundir su nombre-, quien fue formalizado por el delito de microtráfico de drogas.
El imputado fue representado por los abogados particulares Gabriela Alcota y Francisco Murúa, este último presentó su oposición a que dicha audiencia tuviese el carácter de pública y fuese divulgada por los medios.
"Nos vamos a oponer al acceso a la prensa ya que se estaría afectando bienes jurídicos importantes como la vida y la integridad de mi representado y su familia (...) se han recibido diversas amenazas no solamente a mi representando sino a su familia", indicó Murúa quien pidió que el nombre de su cliente no se divulgara.
Por su parte la Fiscalía no se opuso a la presencia de los medios de comunicación. El fiscal Héctor López dijo sobre las presuntas amenazas contra el imputado, que "de comprobarse, el ordenamiento jurídico dará el respaldo necesario y otorgará las medidas pertinentes a la víctima, de momento desconocemos que se produzca esa situación".
Finalmente la juez Araceli Pérez facilitó el acceso a la prensa, señalando que "con un respecto irrestricto a la presunción de inocencia del imputado, que no puede ser considerado como culpable en tanto no haya sido condenado con una sentencia firme (…) todo sin divulgar el nombre completo del imputado".
Resuelta la controversia el persecutor explicó que los hechos ocurrieron el pasado martes cerca de las 14:30 horas, cuando el abogado fue a la cárcel de Alto Hospicio para visitar a tres internos que son sus defendidos, y al momento de ingresar y ser revisado por Gendarmería encontraron al interior de las carpetas que portaba 20 pastillas de clonazepam, tres teléfonos celulares, cuatro cargadores, un audífono, un módem, un chip y cien mil pesos en efectivo.
"Estos elementos iban a ser ingresados al recinto penitenciario para ser entregados a los internos de lugar", aseguró el fiscal de la Unidad de Drogas.
El fiscal detalló las diligencias hechas tras la detención del imputado, como la revisión de su celular, por el cual se confirmó la forma en que le fueron entregados los equipos por parte de familiares de los internos, y la propia declaración del abogado quien reconoció que llevaba los teléfonos a sus defendidos, pero no así las pastillas de clonazepam, y que por esta gestión no había recibido pago.
Los abogados defensores de C.D.R.A. no se opusieron a las cautelares solicitadas por la Fiscalía. La magistrado fijó la investigación en 80 días.
80 días de investigación decretó la juez de garantía para el caso investigado por la PDI.