Romel J. Puche

Un total de 17 personas detenidas tanto en Iquique como en Alto Hospicio, entre ellas cuatro adolescentes, fue el saldo de 19 allanamientos concretados por Carabineros en el marco de una investigación de la Fiscalía, por la vinculación de estos imputados con delitos de desórdenes, incendios y barricadas, que se produjeron en la conocida zona cero de la capital regional durante el estallido social.

La fiscal Paola Apablaza, jefa de la Unidad de Análisis y Focos Investigativos de la Fiscalía, explicó que "los delitos son diversos"y son acusados de asociación ilícita. Relató que "conforme a las diligencias se logró establecer que se trataba de una organización, era un grupo organizado, que tenía jerarquía, mantenía liderazgo y había personas que cumplían distintos roles, incluso había personas que entregaban dinero para la compra de bencina y otros artefactos para ser usados en la comisión de delitos durante ese periodo".

Sobre la forma en la que vincularon a los imputados con los delitos señalados, Apablaza aseveró que la Fiscalía cuenta con "muchos registros audiovisuales que se darán a conocer durante el transcurso de la audiencia".

La jefa de la Unidad de Focos refirió que entre los hechos en los cuales habrían participado los acusados, "particularmente está el ataque con bombas molotov al banco BCI", sin embargo prefirió no ahondar en los detalles de las imputaciones hasta que no prospere el trámite judicial de la formalización.

Al ser consultado por La Estrella de Iquique, el defensor regional, Gabriel Carrión, dijo que "La Defensoría sólo entregará declaraciones una vez que tenga la información suficiente en torno a los casos que le toque asumir, para ser responsables y también respetuosos de la presunción de inocencia que tiene cada persona investigada", concluyó.

Por su parte el general Álex Chaván, director de Control de Drogas e Investigación Criminal, indicó que "hay más diligencias de este tipo de las cuales no podemos adelantar antecedentes".

En la formalización el fiscal a cargo del caso, Maximiliano Mariángel, explicó que la investigación permitió identificar que este grupo, autodenominado "K-POP Primera Línea de Tarapacá", contaba con una jefatura y toda una organización para cometer los delitos.

Para coordinar sus acciones, la Fiscalía indicó que la organización se relacionaba por grupos de WhatsApp, en los cuales daban cuenta de la logística, la fabricación de las bombas molotov, los roles a cumplir por cada uno de los miembros, el traslado de piedras e insumos para cometer delitos de daños, desórdenes y barricadas, así como recomendaciones para evitar su identificación y detención por parte de las policías.

Junto con los K-POP colaboraba otra organización que eran quienes según la fiscalía financiaban las acciones, los que se denominaban "Los Autoconvocados" y quienes actuarían como cómplices.

El fiscal dio cuenta de más de 20 hechos en los que habrían participado los imputados en distintas fechas y horarios. Al cierre de esta edición la audiencia seguía en desarrollo, y Fiscalía solicitaría la prisión preventiva respecto a siete imputados.

19 allanamientos concretó Carabineros para detener a los imputados.

Luego que la Fiscalía Local de Alto Hospicio presentara prueba testimonial, pericial y documental en el juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique resolvió condenar a un hombre de 55 años de edad a la pena efectiva de 12 años de presidio, como autor de los delitos reiterados de violación y abuso sexual en contra de su hijastra.

En el juicio llevado adelante por la fiscal especializada en delitos sexuales, Camila Albarracín, se dio por acreditado que entre los años 2010 a 2015, cuando la víctima tenía 9 años de edad su padrastro comenzó a realizarse tocaciones ofreciéndole dulces u otros objetos a la víctima.

Posteriormente, cuando la víctima tenía 10 años, el acusado comenzó a violarla, tanto en su domicilio como en el lugar de trabajo de éste, siempre bajo promesa de obtener ciertas cosas a lo que sus hermanos o hermanastros no tenían acceso.

En el juicio declaró la víctima, su madre y sus hermanas que dieron cuenta de cómo sucedieron y se develaron los hechos. Además declararon los funcionarios de la PDI que trabajaron en este caso, el médico legista que confirmó las lesiones de la víctima y el psicólogo que evaluó su relato, determinando su credibilidad.