Romel J. Puche

En prisión preventiva quedaron el padre, el padrastro y el abuelo de una menor, luego que la Fiscalía los formalizó por presuntos abusos sexuales y violaciones en contra de la niña, los que se habrían ocurrido en Alto Hospicio entre los años 2016 y 2020.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, los delitos de los que habría sido víctima la pequeña se iniciaron el 2016 por parte del abuelo, situación que se habría extendido durante cuatro años. Según argumentó la Fiscalía, el hombre la mantenía bajo amenaza para que no relatara lo sucedido.

Sin embargo, en uno de los episodios la afectada pidió auxilio y fue socorrida por una vecina a quien reveló los hechos.

El padre de la niña también fue formalizado tras establecer la Fiscalía que en días y horas difíciles de precisar, durante 2018, el imputado habría concretado diversas agresiones de tipo sexual en contra de la menor, que al momento de ocurrir estos ilícitos tenía 12 años de edad.

Asimismo, el persecutor relató que en 2019 habría sido el padrastro de la menor quien también habría consumado reiterados ataques de la misma índole, los que se habrían materializado cuando quedaba a cargo del cuidado de la niña, y en esas circunstancias se habría hecho parte de la cadena de delitos.

Finalmente la Fiscalía en su diligencia logró establecer -en la etapa de investigación- que un tío adolescente de la pequeña, durante el año 2014, también habría ejecutado una sola situación de abuso sexual.

Si bien este último quedó en libertad, el tribunal lo dejó sujeto a cautelares de prohibición de acercamiento hacia la víctima y arraigo nacional.

Desde el Ministerio Público señalaron que las indagaciones del caso estuvieron a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI, quienes además ejecutaron las órdenes de detención emanadas por el Tribunal.

Diligencias

A partir del decreto de las prisiones preventivas para tres de los imputados y las cautelares fijadas al cuarto de ellos, el Tribunal de Garantía otorgó a la Fiscalía un plazo de investigación de 90 días.

La fiscal Camila Albarracín, especialista en delitos sexuales, manifestó que "se dio el relato a propósito que una vecina ve lo sucedido con el abuelo, entonces esta vecina es quien le avisó a la madre y allí la menor reveló lo ocurrido".

Según la persecutora, una vez que todo esto pasó, la menor fue internada en un centro especializado luego que intentara atentar contra su vida y "allí nosotros pudimos obtener esta develación ya completa que hizo la niña sobre lo que le venía pasando hace tiempo".

Albarracín señaló que en "las diligencias que se hicieron obtuvimos la declaración de los psicólogos que la atendieron y de la psiquiatra, además de los psicólogos que hoy la siguen ayudando, tuvimos la declaración de su mamá y de la vecina, y además contamos con la entrevista videograbada que se le hizo a la víctima".

La especialista en delitos sexuales del Ministerio Público indicó que "en la entrevista videograbada, la niña contó cada una de las dinámicas de los abusos sexuales y violaciones de los que fue víctima".

A todos los antecedentes anteriores se suma un informe sexológico, donde igualmente se acreditan las lesiones de la menor que son, según la Fiscalía, concordantes con los delitos formalizados.

Las detenciones de los imputados no ocurrieron todas en la región, ya que fue en Curicó donde la PDI halló al abuelo, quien se ocultó para evitar comparecer ante la justicia.

Según la fiscal Albarracín, las penas que arriesgan los imputados oscilan entre los cinco y diez años, sin derecho a beneficios.

90 días fue el plazo de investigación otorgado por el Tribunal de Garantía para la presente causa.

La Corte de Apelaciones de Iquique acogió de forma parcial el requerimiento presentado por el Ministerio Público y decretó ayer la medida cautelar de prisión preventiva de A.S.V.P., C.N.R.D. y B.S.R.C., imputados que habrían formado parte de una asociación ilícita para la comisión de delitos como desórdenes, además de porte y lanzamiento de molotov cuyos hechos habrían ocurrido en diversas fechas, entre el octubre de 2019 y octubre de 2020.

En fallo dividido, la Primera Sala del tribunal de alzada confirmó además la resolución apelada, dictada el pasado viernes por el Tribunal de Garantía de Iquique, en la parte que denegó la prisión preventiva de J.L.O.L. y C.A.A.C., imputados por el ente persecutor como autor y cómplice de los delitos de asociación ilícita, desórdenes públicos e infracción a la ley de control de armas (lanzamiento y fabricación de bombas incendiarias , respectivamente).

En el Juzgado de Garantía se formalizó investigación en contra de otros 12 imputados, de los cuales uno quedó en prisión preventiva y los demás, sujetos a medidas cautelares de menor intensidad, tales como arresto domiciliario parcial, arraigo nacional y prohibición de asistir a marchas y manifestaciones.

El tribunal de alzada, al resolver las cautelares a imponer a los imputados, consideró que del mérito de los antecedentes expuestos por los intervinientes, se desprende que en el caso de A.S.V.P., C.N.R.D. y B.S.R.C., "(…) se encuentran establecidos tanto los hechos por los cuales han sido formalizados como la participación que les correspondió en ellos, estimándose que la medida cautelar de prisión preventiva resulta la más adecuada para asegurar los fines del procedimiento, en consideración a la entidad, gravedad y número de delitos, de lo que se infiere que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que se accederá a la solicitud del Ministerio Público, decretándose la medida cautelar ya señalada".

La Corte estimó proporcionales las cautelares con las que se mantendrán los otros imputados.