Ex edil acusó entrega y venta de certificados de residencia en Pica
Involucró a personas vinculadas al municipio. Casa edilicia afirmó que sumario descartó responsabilidades.
La ex concejal piqueña Catalina Cortés, denunció este miércoles ante Carabineros la supuesta entrega y venta de certificados de residencia para ingresar a la comuna de Pica, actualmente en cuarentena, pero en fase de transición desde el próximo lunes según los anuncios de ayer.
La denuncia de la ex edil se remonta a abril del año pasado, cuando Pica sufrió sus primeros brotes familiares de COVID-19, por lo que el Gobierno Regional determinó aplicar aduanas sanitarias en el pueblo, cuando aún ni siquiera existía el plan "Paso a paso" ni las cuarentenas.
En esa oportunidad, la otrora concejal denunció que el entonces encargado de seguridad del municipio piqueño habría emitido un certificado de residencia para permitir el ingreso, vulnerando estos controles sanitarios.
Cortés señaló que el municipio está al tanto de esta supuesta irregularidad desde julio de 2020, luego de una reunión del concejo municipal.
"En julio nos entregaron el certificado emitido por el director subrogante de seguridad pública, donde certificaba a un señor que no vive en Pica y lo autorizaba a entrar. Además, domiciliaba a esta persona en una dirección que corresponde a una iglesia mormona donde no vive nadie. Son las juntas vecinales las encargadas de emitir certificados de residencia", dijo Cortés.
No obstante, la ex concejal agregó que el 30 de marzo de este año recibió denuncias de que un pariente de la alcaldesa subrogante de Pica estaría vendiendo certificados de residencia a 10 mil pesos a través de Facebook Messenger para entrar a la comuna, confinada hasta este lunes 5 de abril.
"jamas se emitieron"
La Municipalidad de Pica informó que las denuncias no son efectivas, especialmente respecto a lo manifestado durante la sesión de concejo municipal.
El municipio aclaró que, luego de la denuncia en concejo, se instruyó un proceso disciplinario, el que fue sobreseído el 1 de diciembre de 2020.
"Se pudo acreditar que el funcionario investigado entregó un permiso de ingreso en el mes de abril de 2020, antes de las exigencias impuestas por autoridades de Gobierno para el paso de cordones sanitarios, permiso que quedó sin efecto una vez que el control estuvo a disposición de la autoridad sanitaria. Jamás se emitieron certificados de residencia. Además, se verificó la veracidad del domicilio consignado, por lo que se falta a la verdad al señalar que se utilizó un domicilio falso", comunicaron.
En cuanto a las acusaciones que involucran al pariente de una funcionaria municipal, la casa edilicia manifestó que "de existir responsabilidad penal, esta solo afecta a quien comete lo indebido, no correspondiendo atribuirla a otros. Los supuestos hechos no son bajo ningún respecto imputables de responsabilidad a la funcionaria municipal, quien cuenta con una trayectoria de 40 años de servicio público en nuestra comuna, sin antecedentes de irregularidad".
5 de abril Pica avanzará a fase de transición en el plan "Paso a paso".