OPINIÓN
Defensa en las primeras horas
Los tratados internacionales vigentes en Chile, la Constitución Política y el Código Procesal Penal establecen claramente el derecho a defensa que todo imputado tiene desde los primeros actos en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia, lo que incluye su detención en unidades policiales.
Sin embargo, el diseño institucional de la Defensoría Penal Pública (Ley N° 19.718) no consideró originalmente la participación de las y los defensores públicos en las primeras horas de la detención.
Lo ocurrido a partir del 18 de octubre de 2019 relevó la necesidad de que la defensa penal pública estuviera presente en los cuarteles policiales, tal como lo señalaron la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tras la detección de esta brecha y ante la necesidad de avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile, con el acompañamiento técnico del Programa EUROsociaAL+ de la Unión Europea la Defensoría Penal Pública elaboró un diagnóstico y luego un modelo de defensa específico para esta etapa del procedimiento, además de una guía para su ejecución.
Esta nueva defensa especializada cierra una brecha del proceso penal chileno, para mejorar la confianza y legitimidad de las instituciones del sistema de justicia penal y fortalecer la vigencia y respeto de los derechos humanos.
Se trata de un gran progreso, que refuerza el acceso a la justicia y al debido proceso, además de ser una salvaguarda en la prevención de la tortura y otras afectaciones a la integridad de los detenidos.
Por lo mismo, es un paso muy relevante en la protección de los derechos humanos, que hasta ahora ha implicado un trabajo coordinado y colaborativo con los organismos policiales para su próxima puesta en marcha inicial o pilotaje, pues también permitirá una continua mejora de los procedimientos policiales y un mejor desempeño en la audiencia de control de detención, fortaleciendo el derecho de los imputados a contar con los medios y el tiempo necesarios para preparar su defensa, hasta ahora muy acotados.
"Se trata de un gran progreso, que refuerza el acceso a la justicia y al debido proceso".
Marco Montero C., defensor nacional (S),, y Patricia Goicoechea, experta de EUROsociAL+