Royalty Minero: discutamos con responsabilidad

Recientemente el parlamento aprobó el proyecto que establecería un nuevo royalty minero, el cual consideraría un impuesto adicional. Hoy, la minería es la principal actividad económica de nuestro país y tiene aún más importancia para las regiones del norte, donde constituye el principal aporte en el PIB desde Tarapacá hasta Coquimbo. La minería privada ha contribuido al Fisco de forma tan importante como la minería pública (Codelco y filiales), y con grandes niveles de inversión.

El proyecto en discusión proyecta una tasa del 3% sobre las ventas brutas, pero creciente según el precio del mineral. Por ejemplo, la tasa efectiva sería de un 21,5% con un precio de 4 dólares por libra, mientras que a un precio de 4,75 sería de un 30%. Todos estos valores son adicionales a los tributos ya existentes (44,4%), los que hoy están en el promedio internacional y similar a los cobrados en México, Perú o Australia. Con el impuesto adicional podría superar el 80%, lo que sería insostenible.

Hoy existe el Impuesto Específico de la Minería, donde la tasa depende del margen operacional, es decir, depende de la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, este nuevo proyecto va en un sentido distinto, ya que estipula un rango uniforme de tasas, lo que podría afectar a las compañías con menos margen.

Digámoslo directamente, el aumento de la tasas, tal como se plantea en el proyecto, dejaría a nuestro país con la tasa más alta entre sus competidores internacionales, lo que conllevaría a una pérdida de interés para invertir en nuevos proyectos de explotación, como así también, la merma evidente en la competitividad internacional de nuestra industria. Esto podría afectar seriamente a regiones como Tarapacá, que verán seriamente afectadas sus economías, ya que el efecto multiplicador en el poder adquisitivo, en el empleo local y en la cadena de proveedores, se resentirían.

Ya vimos que la reforma tributaria de hace algunos años tuvo el efecto contrario respecto de la recaudación, por lo que en época de necesidad fiscal, es absolutamente necesario estudiar "responsablemente" - y por expertos - un mecanismo de recaudación tributaria que no afecte aspectos tan importantes como la continuidad de la actividad, su competitividad y proyección. La verdadera discusión debe ir orientada a una mayor contribución a las regiones donde se desarrolla la actividad, y no al erario central.

"Ya vimos que la reforma tributaria de hace algunos años tuvo el efecto contrario respecto de la recaudación".

Leopoldo Bailac, Presidente Asociación de Industriales de Iquique A.G.

El estallido social de octubre de 2019 dejó muy en claro que el supuesto "oasis" del sistema social y político chileno solo existía en la mente de una clase social totalmente ajena a la realidad, autocomplaciente y acostumbrada a medir el bienestar general a la luz de cifras macroeconómicas. Desigualdad, falta de oportunidades y su consecuencial segregación, explican, entre otras causas, el estallido. Sin embargo, el estallido social también dejó en evidencia una profunda polarización política que se estaba incubando en la sociedad chilena. Si bien la pluralidad de ideas y el antagonismo son buenas señales en el marco de una democracia, la polarización política se suele traducir en intolerancia, ausencia de diálogo, acusaciones de "cocina" a la sana práctica de debatir, ceder y converger en acuerdos y en la paradójica condena a "quienes condenan la violencia" atribuyéndoles el calificativo de "tibio" o "amarillo", tan usual en estos días. En otras palabras, esta polarización nos introduce en un peligroso juego de "amigos-enemigos", "buenos-malos", "patriotas-antipatriotas". En este contexto la clase política chilena selló el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, un hecho histórico y una salida democrática a la crisis. El acto del 15 de noviembre de 2019 fue una renuncia a la violencia como forma de acción política, querida y aprobada por la gran mayoría de la población. El resultado del plebiscito del 25 de octubre de 2020 fue un respaldo democrático al Acuerdo y a la misma democracia. El desarrollo de nuestro proceso constituyente iniciado a partir del Acuerdo nos ha conducido a otra etapa esencial: la elección de los ciudadanos y ciudadanas que nos representarán en la Convención Constitucional. Las personas que ocupen el cargo de convencionales deberán discutir, dialogar, decidir y muchas veces acordar el texto de nuestra nueva Carta Fundamental y esta nueva Constitución, al margen de su contenido, se caracterizará por su legitimidad democrática de origen, cuestión fundamental que será considerada por las nuevas generaciones y por nosotros mismos para aceptarla como la norma jurídico-política sobre la cual se construirá nuestro sistema social, político y jurídico en los próximos años. En la medida que más personas concurran los días 15 y 16 de mayo más legitimidad democrática tendrá este nuevo pacto constitucional. En esta elección nos jugamos el futuro de Chile. Hoy más que nunca es esencial el ejercicio del derecho a sufragio, debemos honrarlo, porque esa es la mejor manera de respaldar y fortalecer la democracia. Personalmente, espero que la Convención esté integrada por hombres y mujeres (en una perfecta, justa e inteligente paridad), que no lleguen a imponer sus ideas y la de sus partidos, sino que estén dispuestas a escuchar, debatir, ceder y decidir pensando en el interés general. No olvidando nunca que la nueva Constitución (que no es una revancha ni un programa de gobierno) jamás deberá perder de vista el norte de la democracia, la dignidad y los derechos humanos (no solo de los que piensan como uno, sino de todas las personas al margen de sus particularidades, valores y creencias).

Dr. Jorge Astudillo Muñoz,

académico Facultad de Derecho

Universidad Andrés Bello

Las elecciones del 15 y 16 de mayo están cada vez más cerca y las repercusiones que puede tener la elección de constituyentes son igual de grandes que la del plebiscito para cambiar la constitución.

Esperemos que, a diferencia de muchos procesos electorales anteriores, la participación sea alta y el proceso se entienda como legítimo; porque de no ser el caso esto podría mancillar todo lo que viene a futuro, cosa que está lejos de ser ideal en un momento en que la estabilidad política del país es cada vez más cuestionable.

Renato Chavarría, Fundación para el Progreso