Educación superior y nueva constitución

La educación es uno de los derechos centrales que nuestra Carta Magna debería reconocer y garantizar, porque permite que las personas puedan crecer y desarrollarse a lo largo de su vida, ello además de ser la base de desarrollo de cualquier sociedad

En materia de educación superior, el proceso que hoy vivimos nos dará la oportunidad de establecer no solo una mención directa a ésta, que hoy no es explícita, sino también de plasmar en este nivel educativo la provisión mixta, que permite la coexistencia de proyectos educativos públicos y privados.

Tomando en cuenta el reconocimiento al aporte de la educación mixta, soy un convencido que hoy la única diferenciación entre universidades que debiera existir es entre universidades estatales y no estatales. Tanto el Estado tiene derecho a tener sus instituciones para que promuevan los valores que le interese promover, como los privados tienen el derecho a liderar proyectos educativos diversos que enriquezcan al sistema educacional.

Todas las universidades cumplen un rol público, dado su aporte a la generación de conocimiento y contribución al desarrollo económico, social y cultural del país, a través de la formación de los profesionales, investigadores y emprendedores.

Esta libertad de enseñanza es uno de los pilares fundamentales que garantiza una educación libre, con pluralidad de perspectivas y visiones, y actúa como cortapisa en caso de que distintos gobiernos quisieran influir ideológicamente en la formación de las nuevas generaciones. Pero esta libertad de enseñanza y la capacidad de generar proyectos educativos diversos, debe tener también una base mínima que sea fiscalizada por el Estado: la calidad.

Hoy la Ley de Educación Superior dictamina el cierre de universidades no acreditadas, estableciendo a su vez mecanismos de alerta previa para evitar que las instituciones caigan en esa categoría. Un paso necesario para garantizar la calidad de la enseñanza que se imparte. No se trata de hacer caza de brujas. Por el contrario, el foco del regulador debe apuntar a acompañar a las universidades que tengan y buscar alternativas para que desarrollen sus proyectos educativos de la mejor forma, porque el cierre es un proceso muy doloroso para su comunidad.

Escribir una nueva Constitución es una oportunidad histórica, soy optimista en que este proceso nos permitirá contar con un pacto social reconocido por todos que nos lleve a ser un mejor país. Todos nuestros planteles, estatales y no estatales, cumplen un rol fundamental.

"Todas las universidades cumplen un rol público".

Julio Castro, rector de la Unab

Uno de los debates más fundamentales del proceso constituyente será el del rol del Estado en la educación. La educación es un derecho humano fundamental, ya que ésta permite el desarrollo y la construcción de una sociedad democrática, equitativa e inclusiva, y por ende es el Estado quien debe garantizar las condiciones necesarias para el resguardo de este derecho de forma transversal en nuestra constitución.

Si bien el proceso constituyente no va a resolver los distintos problemas de nuestro sistema educativo por completo y de la noche a la mañana, es un buen puntapié para asegurar que tengamos una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todas las niñas, niños y adolescentes del país, si logramos tener un diálogo amplio que sea capaz de levantar las voces de los distintos miembros de las comunidades educativas.

De los constituyentes electos, la carrera de pedagogía es la segunda más prominente y más de 80 provienen de colegios públicos o privados, siendo muy pocos quienes estudiaron en colegios de la elite. Este es un buen punto de partida para traer la mirada del terreno e impulsar el diálogo, pero este proceso constituyente deberá también recoger las experiencias y opiniones de las comunidades educativas de cada territorio y desde Enseña Chile Norte estaremos disponibles para generar y promover esos espacios en la región.

Melisa Uzcátegui Ebner, cientista política y coordinadora de

Enseña Chile Norte

Las cifras dadas a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que indican que en marzo de 2021 el 29% de las empresas declararon haber adoptado medidas de teletrabajo, es una buena noticia que demuestra que siguen confiando en esta forma de trabajar que nos impuso, en alguna medida, la pandemia. Es indudable que las modalidades de trabajo híbridas, que mezclan jornadas presenciales con remotas, serán la nueva normalidad.

Según el mismo boletín del INE, la modalidad de teletrabajo se concentró en los trabajadores de los sectores de Información y Comunicaciones (81,8%), Enseñanza (75,9%), Suministro de Electricidad y Gas (51,5%) y Actividades Financieras y de Seguros (49,6%) lo que nos da directrices de todo lo que tenemos por mejorar aún.

Si bien existen muchas profesiones en las cuales el teletrabajo es real y aplicable, las empresas y el estado deben seguir buscando soluciones y alternativas para aquellos que no pueden optar por jornadas remotas, ya que no se pueden quedar abajo del carro de los avances que ha habido en la materia.

Al mismo tiempo, se debe seguir perfeccionando la ley de teletrabajo y establecer en ella de manera más clara, que las empresas deben poner a disposición de los trabajadores herramientas tecnológicas simples de usar y proveerles la capacitación correspondiente.

Esto es un trabajo que todavía está en desarrollo y que debemos hacer entre todos.

Pablo de la Barra

Gerente general Talana