Un total de 33.131 expulsiones pendientes de extranjeros infractores de ley acumula el país actualmente, y las cifras corresponden al periodo entre los años 2010 y 2021.

Dicha información fue publicada por el diario El Mercurio el pasado fin de semana, quien citó cifras y declaraciones hechas por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

En la publicación la autoridad explicó que las expulsiones han ido en aumento durante la última década. Señaló que entre 2010 y 2013 se decretaron 7.800, entre 2014 y 2017 fueron 9.350, y ya entre los años 2018 y 2021 van 13.450 expulsiones.

Galli aseveró a El Mercurio que "la mitad de las expulsiones durante este último periodo corresponde a ciudadanos venezolanos, pero antes eran colombianos, dominicanos y bolivianos esencialmente".

En los datos expuestos, se fijó que la región de Tarapacá es la que más concentra expulsiones pendientes con 13.854, le sigue Arica y Parinacota con 9.968, luego la Metropolitana con 2.503 y cierra Antofagasta con 2.390.

Se destaca que de los más de 33 mil casos pendientes, un 39% corresponde a extranjeros con antecedentes penales.

Distinción

Lorena de Ferrari, directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) en Tarapacá, precisó a La Estrella de Iquique que "normalmente en las cifras se mezclan las órdenes de expulsiones judiciales, que son las que emite los tribunales, y las órdenes de expulsiones administrativas, que son las que emite la Intendencia".

La abogada criticó que se mezcle ambos grupos de expulsados porque a su criterio se criminaliza la migración.

La jefa del Indh dijo que "se les lleva esposados, con overoles blancos y en el fondo lo que se pretende es criminalizar la migración, y que la gente vea que todos en el fondo son unos delincuentes al ser expulsados y no es así, es muy distinto una persona que comete un delito grave y que efectivamente ha tenido un debido proceso y finalmente el tribunal determina la expulsión, y otra cosa es una persona que ingresó clandestino o irregular que puede ser por ejemplo solicitante de refugio".

En el organismo, durante 2020, presentaron un recurso de amparo respecto de dos migrantes, mientras que este año 2021 ya han presentado 10 recursos por 37 personas, todas para dejar sin efecto las resoluciones de expulsiones administrativas, por el criterio institucional y no respetar el debido proceso.

Intendencia

Desde la Intendencia Regional de Tarapacá señalaron que en los atrasos "inciden varios factores, como la capacidad de seguimiento de las personas notificadas, que se desplazan desde una ciudad a otra o entre una región y otra".

Dijeron que "en el respeto a los protocolos existentes, los tratados de DD.HH. adscritos por Chile y la normativa vigente, cada caso debe ser analizado con respecto a su arraigo y el impacto del proceso de expulsión, lo que muchas veces toma tiempo".

Aseveraron que "muchas veces las organizaciones vinculadas a los migrantes impiden sus expulsiones presentando recursos judiciales para ello, con una clara visión ideológica del tema".

"Materializar la expulsión de extranjeros que cometieron delitos, como tráfico de niños, tráfico de drogas, robo con intimidación, como aquellos que ingresaron clandestinos al país, es fundamental para mejorar la cohesión entre nacionales y extranjeros", dijeron.

Aseguraron que "este mínimo grupo de extranjeros, que son expulsados, generan problemas de convivencia en el país y en nada ayuda la visión 'buenista' de las organizaciones y de un sector político (...) que sostienen y defienden la idea de que no puedan ser expulsados".

Romel J. Puche

romel.puche@estrellaiquique.cl

Una visita para conocer la operación de la sala especial, que fue habilitada en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, realizó el presidente de la Corte de Apelaciones, Pedro Güiza , y el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, en el marco de la Ley de Entrevistas Videograbadas,.

La comitiva -que estuvo conformada además por el secretario regional ministerial de Justicia, Fernando Canales- fue recibida por el juez presidente del TOP, Andrés Provoste, y el administrador del tribunal, Jorge Vargas.

En la actividad, que formó parte del programa que cumplió la autoridad nacional en su visita a la región, se recorrió la sala de audiencia con la que se establece comunicación directa desde la sala de entrevistas videograbadas, y se explicó como es la dinámica en juicio.

El magistrado Provoste detalló como es la conversación con los niños recordando, además, que él se encuentra acreditado como intermediario.

Luego de ser alertados por guardias de seguridad de un supermercado, Carabineros concurrió hasta las dependencias del lugar, donde detuvieron a dos cajeros por su vinculación a un presunto hurto de productos.

En el hecho, uno de los trabajadores habría permitido que un segundo compañero del lugar, quien hacía compras y estaba de día libre, abandonara el sector de la caja sin hacer el pago de los productos que se llevaba.

En audiencia de control de detención, la Fiscalía señaló que los hechos ocurrieron a las 17:38 horas del pasado sábado y según el persecutor "el testigo, quien desempeña labores de guardia de seguridad, señaló que un hombre habría cruzado por la caja número cinco sin haber cancelado el valor comercial de tres cortes de carnes y cuatro botellas de whisky, por lo que se dirigió hacia la puerta de acceso número 1, en donde una vez que el sindicado traspasó las antenas de seguridad, fue abordado por el guardia quien lo controló para verificar la boleta, pudiendo detectar que efectivamente no había cancelado".

La Fiscalía detalló que "el imputado señaló al guardia, que estaba coludido con el cajero, y toda la acción fue detectada y grabada por las cámaras". En audiencia se decretó que ambos acusados no acudieran al lugar afectado por el plazo de un año.