"Estamos de manos amarradas respecto a lo que es una buena y mala migración"
Autoridad aseguró que han evaluado un refugio para dos mil extranjeros irregulares y este tendría el costo de $1.800 millones. Cree que el Plan Colchane funciona y advirtió que no están las condiciones jurídicas para hacer expulsiones.
El delegado presidencial de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, manifestó que en último mes, hasta el 18 de agosto, se ha producido un ingreso de más de 400 migrantes por pasos no habilitados. Con un promedio, según él, de 27 a 28 entradas irregulares al país diarias por la frontera tarapaqueña. Pese a ello, asegura que el Plan Colchane no ha fracasado. Adelantó que, en esta ocasión, no vendrá el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por esta nueva "ola migratoria".
-¿Hay una nueva crisis migratoria en Tarapacá?
-Lo primero es decir que nos encontramos en una situación, en la cual nuevamente se ha activado (la migración) respecto de mayo, por la cantidad de migrantes que hoy están pasando por pasos no habilitados. Por lo tanto, ese es un hecho objetivo, pero no de la magnitud que tuvimos en enero y febrero. ¿Y qué estamos haciendo como Plan Colchane? Haciendo acciones (en la) frontera, con los países vecinos. El resguardo que se ha duplicado (...) con todo lo que significa la tarea que tenemos en policial, conducir las personas para hacer su denuncia y posteriormente con Salud, que es el tema sanitario. Y lo que hacemos después es una coordinación sanitaria con la Oficina Internacional de Migraciones (OIM), que es la única que ha colaborado en ese sentido, tanto desde el punto de vista de subsidios y reunificación familiar.
-Pero hay voces que indican problemas con ese programa...
-Si las personas piensan que el Plan Colchane era expulsar personas, hoy qué es lo que ocurre. Nosotros tuvimos 134 recursos de amparo, de esos ganamos 8 y perdimos 126. Por lo tanto la ley dice "no puedo expulsar a nadie" y estamos de manos amarradas respecto a lo que nosotros creíamos, a lo que es una buena migración y la mala migración. Entonces, los tribunales de justicia y la Corte Suprema deben decir algo de este tema, porque lo que estoy operando (como autoridad) es desde el punto de vista sanitario y humanitario a personas que ingresan por pasos no habilitados.
-¿En este nuevo ingreso, cuántas personas han detectado?
-Hasta el 18 de agosto llevábamos 495 personas. Si sacas la cuenta tenemos 27 a 28 personas diarias. Por lo tanto, seguimos haciendo el procedimiento en Carabineros, PDI y tenemos un bus que va a buscarlos y los llevamos a las residencias transitorias. Y en Colchane le aplicamos el antígeno para saber en qué condiciones sanitarias llegan esas personas.
-Han muerto 11 extranjeros en Colchane. ¿Usted asume algún tipo de responsabilidad?
-Sí, claro, pero es muy raro que todos mueran en el lado chileno. En definitiva, no hemos visto ninguna situación en Bolivia, pero aquí es una responsabilidad de ambos países, porque algo tiene que decir Bolivia respecto a la responsabilidad del egreso de tantas personas por pasos no habilitados y no se hace nada. Pero vuelvo a insistir, si la gente siente que el Plan Colchane tiene que ver con la expulsión, cuando nosotros queremos sacar a la gente, hoy (tenemos) los tribunales de justicia con la Corte Suprema. Vienen encima las organizaciones internacionales y no se hacen cargo del tema humanitario. Es difícil operar.
-Usted y el gobierno han rechazado el campamento humanitario y han planteado es muy caro. ¿Es tan así, para no ejecutarlo?
-No. Lo que pasa que en su momento lo evaluamos, cuando la cifra que tuvimos en enero y febrero era en enero de casi 4 mil personas y en febrero 3 mil, pero bajó absolutamente después de esos meses. Entonces, no se hizo necesario porque con los mecanismos que teníamos era fácil de administrar. Ahora, efectivamente, es de una (gran) cuantía.
-¿Pero cuánto se requiere para un campamento?
-Para mantener dos mil personas, como en algún momento tuvimos en nuestra región, sale $1.800 millones (un campamento). Tiene que tener las condiciones sanitarias, agua, luz, duchas, baños y donde duerman las personas.
-¿Va a venir el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a ver la situación?
-No. Él siempre está disponible y al tanto de lo que estamos haciendo, que si viene será a una visita que tiene que ver con distintos aspectos de seguridad pública. Pero no en este caso, por esta situación, porque hoy funciona el Plan Colchane y tenemos este fenómeno, que llegó para quedarse y en definitiva nos debe estar ocupando. Independiente de que se abran las fronteras, esta gente va a seguir entrando por pasos no habilitados.
-Se han sacado más de 20 mil personas, según asegura el propio Gobierno, pero ¿cuántas se han quedado?
-Por residencia transitoria han pasado alrededor de 20 mil personas, y diría que esas personas las sacamos de la región y lo que tú ves acá es lo que queda, porque siguen un proceso de migración al sur del país. El 65% de las personas va a Santiago, el 25% a O'Higgins, al sur del país, y no vienen a nuestra región. Por lo tanto, efectivamente, se quedan, pero es un remanente menor.
-El gobernador regional, José Miguel Carvajal, habla de 13 puntos de acampada de migrantes. ¿Usted ha identificado esos sectores?
-Lo que debemos reconocer es la situación de la Plaza Brasil y lo que hemos conversado con los vecinos y también con las personas de ahí. Pero en la plaza, con la OIM, hemos sacado 500 personas, pero no siempre son los mismos. Y lo que se señala como "acampar", un día los tienes y otro no, porque puede haber egresados de la residencia transitoria y no alcanzaron a tomar el bus o una locomoción, que ellos tenían planificado. Porque lo hemos hecho, con la coordinación con la OIM, y luego desaparecen esos puntos. No son constantes, a diferencia de la Plaza Brasil, que se debe resolver.
-¿Cuándo se resolverá?
-Es un plazo que dimos, en término de resolverlo con la OIM y tener condiciones humanitarias y en pro de los recursos que tiene esta institución, son materias que debemos resolver, colaborando con los informes socieconómicos para que la OIM destine recursos y sacarlos. Hay gente que hemos ido a buscarla y no quieren ir a una residencia y se ve en la gente que está en calle.
Frente amplio
El delegado pidió coherencia a algunos sectores frente al tema migratorio: "El Frente Amplio es bien contradictorio con lo que sucede. Muchas veces han votado (a favor) que la gente ingrese a nuestro país, pero cuando tenemos esta situación migratoria, quieren que los expulsemos (...) hoy no tenemos condiciones jurídicas para expulsar".