opinión
Cierre de fronteras
Hoy se cumplen tres semanas desde que Iquique ingresó a la Etapa de Apertura del Plan "Paso a paso" y los indicadores sanitarios avalan esta situación, con bajas cifras de contagios y, especialmente, de vecinos fallecidos y hospitalizados en UCI. Esto, ha permitido tener mayores libertades de desplazamiento y a la actividad económica tomar un nuevo impulso hacia la "normalidad".
Sin embargo, si algo ha caracterizado a la pandemia en Tarapacá es nuestra fragilidad: primero, la de un sistema de Salud que en un momento se vio asfixiado y, segundo y hasta ahora, la de un control (o la falta de este) en la frontera internacional que ha sido factor clave en lo que es, en toda regla, una crisis migratoria y humanitaria la que, al mismo tiempo, ha impactado con fuerza en lo sanitario.
Ante ello, la satisfacción que sentimos al estar por fin en Fase 4 comienza a vestirse de incertidumbre, pues esta semana se confirmó la presencia de los primeros casos de la variante Delta en la región, correspondiendo estos a ciudadanos extranjeros por lo que, nuevamente, se activan las alarmas sobre el cumplimiento efectivo del decreto de cierre de fronteras. A ese hecho, se suma el caso de una familia iquiqueña que sufrió un robo y otras vulneraciones, presuntamente cometidas por soldados extranjeros en territorio chileno, y la detección de personas transportando migrantes hacia los centros urbanos de la región.
Por lo pronto, ante la imposibilidad de que el Gobierno resguarde efectivamente nuestro territorio pedimos que, al menos, se establezcan barreras sanitarias las 24 horas en los accesos a la Región de Tarapacá, en la carretera Panamericana y peajes de acceso a Iquique. De igual modo, que las Residencias Sanitarias cuenten con control policial para evitar fugas de personas que guardan su cuarentena, porque no podemos arriesgar al personal de Salud con la tarea de custodios.
Reiteramos también la urgencia de que se cumpla el compromiso del exintendente, actual delgado presidencial, y del ministro del Interior de establecer un campamento humanitario para localizar a los migrantes en tránsito y así evitar que acampen en plazas, parques y espacios públicos, con el consiguiente riesgo para su salud y la de nuestros habitantes. Sabemos que desalojar sin tener un recinto donde llevarlos es simplemente cambiarlos de lugar. Es lo que ocurrió con Plaza Brasil, cuya ocupación fue resultado de un desalojo desde el sector costero. Si el Gobierno no puede mantener cerrada la frontera para preservar la salud de nuestros habitantes, al menos debería acceder a estas solicitudes.
"Sabemos que desalojar sin tener un recinto donde llevarlos es simplemente cambiarlos de lugar".
Mauricio Soria,, alcalde de Iquique