En agosto, recibimos la noticia de que el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), suscrito por Chile, Nueva Zelanda y Singapur, fue aprobado por el Senado y está listo para ser ley. El tratado, que busca potenciar el comercio digital internacional entre economías más pequeñas, conectando a personas con buenas ideas de negocio con el resto del mundo mediante internet, es un verdadero hito modernizador que ayudará a proporcionar mayores oportunidades a los emprendedores, materializando a través de un marco regulatorio acorde a los tiempos la inclusión de nuestro país en una economía digital global.

En la práctica, el DEPA busca fomentar la exportación de productos y servicios digitales a través de la regulación de materias como el libre flujo de datos y no discriminación a productos digitales, inteligencia artificial, identidad digital y privacidad, entre otras. El acuerdo llega en un momento en que el comercio electrónico irrumpe vertiginosamente como una nueva forma de entender las relaciones económicas forzando no solo a las empresas y estados a promover la digitalización, sino también a las autoridades a garantizar un entorno en línea seguro, territorialmente inclusivo y sostenible.

Si bien nuestro país ha avanzado en materia de conectividad, todavía vemos desafíos pendientes que pueden poner en riesgo el espíritu de este acuerdo, evidenciando la brecha digital y excluyendo a quienes aún, a la fecha, no cuentan siquiera con una conexión a internet. Solo por mencionar un ejemplo: según el Diagnóstico sobre las Brechas de Inclusión Digital en Chile, realizado por el BID (2021), del porcentaje de la población que usa internet por zona de residencia, 76,1% se encuentran en zonas urbanas, mientras que 46,6% vive en zonas rurales.

Este problema de acceso y calidad de servicio a internet se observa inclusive al interior de las grandes urbes. Por lo tanto, urge que las autoridades, tanto locales como nacionales, vean que el despliegue de infraestructura para la conectividad digital es una pieza clave para hacer realidad las oportunidades que se abren a partir de este acuerdo y, de esta manera, agilicen los procesos de aprobación de estos proyectos e impulsen iniciativas que favorezcan su expansión, para que el espíritu del DEPA -contar con una internet abierta, global y no discriminatoria como catalizador para la creatividad y la innovación- efectivamente se materialice en todos los rincones de nuestro país.

"El despliegue de conectividad digital es una pieza clave para hacer realidad oportunidades"

Juan Pablo García G.,, gerente de Asuntos Públicos, American Tower Chile

La Defensoría de la Niñez ha hecho un llamado abierto a respetar los derechos de participación de niños y adolescentes. En este sentido, se está proponiendo rebajar la edad mínima de intervención en el plebiscito de salida de la nueva Constitución. Más allá del derecho a voto, lo que se plantea es que las infancias y adolescencias sean oídas y efectivamente participen en la esfera pública.

Institucionalizar esta colaboración, no solo permitirá recoger de mejor manera las inquietudes de este grupo social, sino que también democratizar el espacio de ciudadanía más allá de la instancia de sufragio.

La intervención de este sector es un deber democrático y, por lo demás, un derecho consagrado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que señala que las infancias pueden expresar su opinión en todos los asuntos que les afecten y esta opinión debe ser debidamente tomada en cuenta.

De esta forma, y a modo de conclusión, se hace fundamental que las ideas y propuestas de niños y adolescentes sean consideradas para la configuración del país, sobre todo si buscamos poner en concreto el discurso de diversidad e inclusión que hoy comienza a gestarse.

Priscilla Brevis,

académica Escuela de Derecho Universidad de Las Américas

Lo ocurrido en La Ligua, que terminó con la trágica muerte de un inmigrante, es consecuencia de la constante violencia que se ha vivido en el último tiempo en nuestro país. Desde una persona agredida con un machete; la agresión a un funcionario con un hacha; y el ataque que sufrió un guardia en un terminal de buses, por solo solicitar al victimario utilizar mascarilla, nos demuestra que estamos en un periodo aciago.

Incluso, no hay que olvidar el incremento de licencias psiquiátricas que han ido en aumento.

Así que, complementando lo expresado por el diputado Diego Ibáñez, La Ligua no es el fracaso del sistema de salud mental chileno, Chile es el fracaso del sistema de salud mental, a través de malas políticas públicas y una pésima contención a las personas que padecen enfermedades mentales.

Daniel Soto

Fundación Para el Progreso