Romel J. Puche

Ayer un hombre identificado por las iniciales F.G.M., fue formalizado por la Fiscalía por el delito de tráfico de migrantes, esto tras verse sorprendido por Carabineros de la Subcomisaría de Colchane, en momentos en los cuales ingresó al país a nueve extranjeros.

El teniente Erick Marchant, subcomisario de la citada comuna, refirió que el procedimiento tuvo lugar en horas de la madrugada, cuando "se efectuaban servicios focalizados en la ruta 15-CH, con la finalidad de mitigar el ingreso irregular de migrantes al país y su transporte clandestino".

El oficial precisó que el imputado es de nacionalidad chilena "el cual estaba efectuando el tráfico de migrantes con ciudadanos bolivianos y venezolanos".

Marchant señaló que al interior del bus abordado viajaba un ciudadano de nacionalidad colombiana, el cual mantenía una orden de aprehensión vigente por amenazas simples contra personas y propiedades, del Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

El vocero contó que "se hizo una revisión exhaustiva de este vehículo, y se detuvo a tres de los bolivianos por tráfico ilícito de drogas".

En los equipajes de los sindicados, se detectó el total de 277 ovoides de drogas, los que arrojaron un peso total de 3 kilos 271 gramos de clorhidrato de cocaína, esto originó que los detenidos igualmente quedarán a disposición del tribunal.

Audiencia

En audiencia de formalización, la Fiscalía contabilizó en nueve personas el total de las víctimas que fueron objeto del tráfico de migrantes.

El persecutor narró que los hechos acontecieron a las 2:15 horas en la ruta internacional, a la altura del kilómetro 155, donde los uniformados abordaron el bus modelo Sprinter de propiedad de la empresa "Transporte García e Hijos S.P.A", y que al interior se trasladaban 18 personas, 13 bolivianos y dos venezolanos junto a tres menores de edad.

El Ministerio Público relató que "el conductor (imputado), en forma voluntaria, manifestó tener conocimiento que transportaba a ciudadanos inmigrantes, como también sostuvo que se dedicaba desde hace un mes, a la fecha, a efectuar este tipo de transporte".

Según Fiscalía, el acusado contó que su nexo eran dos bolivianos que captaban a los extranjeros, ingresándolos por pasos no habilitados, para luego ser traídos por él hasta Iquique. Todo lo anterior previo a un pago de entre $25 a $45 mil pesos.

Finalmente, el tribunal decretó para el formalizado el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, con un plazo de investigación de 60 días.

$45 mil era el monto máximo cobrado por el imputado a los migrantes para bajarlos a Iquique.

El Juzgado de Familia de Iquique se encuentra atento y monitoreando permanentemente la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias, que en los últimos días han sido afectados por el desalojo de Plaza Brasil y quema de sus enseres en el contexto de la marcha realizada el pasado sábado.

La magistrada María Olga Troncoso, jueza preferente en causas por Medidas de Protección en favor de niños, niñas y adolescentes migrantes del Juzgado de Familia de Iquique, recalcó que el abordaje de esta problemática se realiza desde hace más de un año y en forma integral, "con el desarrollo de reuniones periódicas, capacitaciones a personal de Carabineros de frontera y el Ejército sobre niñez y adolescencia migrante internacional; elaboración de protocolos, pautas de riesgo, coordinaciones con instituciones, representación jurídica con el programa "Mi Abogado", entre otras medidas", detalló.

Troncoso refirió que "el Juzgado de Familia de Iquique mantiene visualizados a todos los menores que se encontraban pernoctando en el asentamiento conocido como Plaza Brasil, y en cuyos casos se ha solicitado a todos los actores pertinentes la articulación de una respuesta integral, que vaya en la protección de los derechos y garantías".

La magistrada añadió que el pasado sábado, con ocasión de la marcha e incendio causados, se supo la totalidad de cuatro menores de edad, de dos grupos familiares.

Un convenio, que permitirá el desarrollo de diversas iniciativas conjuntas, firmarán próximamente los representantes en la zona de la Defensoría Penal Pública y de la Universidad de Tarapacá.

El compromiso abarcará las áreas de capacitación, desarrollo interinstitucional y difusión de derechos, con especial énfasis en los desafíos relacionados con la migración y la alfabetización legal de los habitantes de la región.

Así lo especificaron el defensor regional de Tarapacá, Gabriel Carrión, y la directora de la sede Iquique de la mencionada casa de estudios, Yasna Godoy, luego de sostener una reunión para trazar las líneas fundamentales del acuerdo.

Ambas instituciones tienen en común la gestión en el ámbito jurídico, que en la primera es brindar defensa jurídica a personas que son investigadas por delitos penales, mientras que en la segunda es impartir enseñanza en el ámbito del derecho. Ambas también son entidades públicas.