La Justicia ha hablado
Desde el inicio de la pandemia, el norte de Chile se volvió una "zona de sacrificio". Primero, miles de temporeros bolivianos a quienes sorprendió en Santiago la imposibilidad de pasar hacia su país, fueron enviados a Iquique para cumplir su cuarentena pese a que regía el cierre de la frontera regional para extranjeros no residentes. Luego, se decretó cerrar las fronteras internacionales para foráneos no residentes, cuestión que aquí el gobierno no ha podido hacer cumplir, pues unas 30.000 personas, entre ellos más de 2.000 niños, han ingresado desde que está vigente la medida.
Hoy, persiste el descontrol sobre quién entra y sale por nuestra frontera con Bolivia lo que se refleja en la ocupación de calles, parques, plazas y playas, esto, con la consecuente amenaza para la salud de locales y migrantes.
Ante esto, reiteradamente, solicitamos a las autoridades pertinentes que se hiciera regir el cierre fronterizo para el ingreso de extranjeros y de no poder lograrlo, se habilitaran albergues humanitarios a fin de que no se usaran los espacios públicos como alojamiento. Sin embargo, no fuimos escuchados, y en enero pasado, nos vimos obligados a presentar un recurso de protección para que cumplieran con su deber.
Esta semana la Corte Suprema ha señalado que, de parte del Gobierno, ha existido "falta de eficacia y eficiencia en las políticas implementadas para enfrentar este tipo de sucesos". Esperamos que el carácter unánime del fallo les haga reflexionar y sea un llamado de atención para no seguir responsabilizando a alcaldes, jueces, a la Iglesia y a las ONG's de la Crisis Migratoria y para que, de una vez por todas, asuman con la estatura de verdaderos gobernantes las tareas que le competen: control de la soberanía, de la frontera y de la migración, siempre en un marco de respeto a tratados y acuerdos internacionales.
La respuesta rápida, ladina y descalificatoria que señalaba que este alcalde solo pretendía a través del recurso legalizar a los migrantes, es la de quien tiene una mirada liviana sobre este grave tema. La sentencia del máximo tribunal, en cambio, es una respuesta contundente ante una crisis que está en pleno desarrollo, porque "sus efectos nocivos repercuten de manera transversal en la sociedad" y ya es tiempo que el Gobierno se la tome en serio.
"La sentencia del máximo tribunal, en cambio, es una respuesta contundente ante una crisis que está en pleno desarrollo".
Mauricio Soria,, alcalde de Iquique