Armas de fuego
Hace poco más de un mes el Gobierno difundió la destrucción de más de 13 mil armas de fuego que permanecían bajo resguardo de las fuerzas de seguridad tras ser incautadas en distintos operativos policiales o entregadas en forma voluntaria en el marco del programa "Entrega tu Arma", que se desarrolla en el país desde la década de 1990.
El procedimiento que se desarrolla todos los años apunta a disminuir la circulación de estos artefactos, sobre todo aquellos que finalmente terminan en manos de delincuentes y que ponen en riesgo la seguridad y la vida de todos los chilenos.
En la oportunidad, el Presidente Sebastián Piñera comentó que "la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia, la violencia, el narcotráfico y el terrorismo ha existido siempre y debemos usar todos los instrumentos del Estado para frenarlo".
Sin embargo y pese a todos estos esfuerzos, la situación parece estar lejos de terminar, sobre todo en regiones como Tarapacá, donde sus características de zona fronteriza y de alto intercambio comercial favorecen el contrabando de armas. Si bien los organismos públicos vinculados al control de los productos que ingresan desde el extranjero realizan un importante trabajo y distintos gobiernos han invertido en tecnología, las organizaciones criminales buscan nuevas fórmulas para poner en el mercado negro estos productos, por lo que se requiere todavía una mayor inversión en seguridad pública.
Según cifras de Carabineros, solo este año casi un centenar de personas han sido detenidas en la región por porte de armas de fuego. Incluso un dato que reviste todavía más preocupación es que 12 de ellos corresponden a menores de edad.
Durante los últimos 12 meses la policía uniformada logró incautar 44 pistolas, 14 revólveres, ocho armas adaptadas, seis escopetas, cuatro fusiles y una UZI, lo que da cuenta de un complejo escenario que favorece la ocurrencia de hechos delictuales como asaltos, encerronas, portonazos, homicidios, además del narcotráfico y el crimen organizado.
Con todo, es clave que el Estado fortalezca los recursos en esta materia, sobre todo en una región que ha presentado las tasas de victimización más altas a lo largo de una década.
"Solo este año casi un centenar de personas han sido detenidas en la región por porte de armas de fuego".