Romel J. Puche

En prisión preventiva por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad quedaron cuatro venezolanos, todos imputados por la Fiscalía por el delito de maltrato de obra a carabinero, y dos de ellos por microtráfico de drogas.

La audiencia de formalización se desarrolló ayer, tras ser detenidos el pasado martes al verse involucrados en la violenta agresión sufrida por dos carabineros en la playa Cavancha, cuyos videos del ataque además de viralizarse, sirvieron como medio de prueba para el fiscal Eduardo Ríos, quien prosperó en la causa.

El persecutor dijo que "los dos carabineros resultaron con lesiones graves y menos graves, el Tribunal de Garantía acogió nuestros argumentos y por ello decretó la prisión preventiva".

Ríos explicó que todos arriesgan penas de 5 años y un día, y que aquella debería cumplirse de forma efectiva en la cárcel. "Uno de los funcionarios, un sargento, fue trasladado hacia Santiago y tiene un fractura nasal, el segundo funcionario, un cabo, quien mantiene su dentadura desviada y probablemente suelta, lo que va a generar el agravamiento de sus lesiones en algún punto", dijo el fiscal.

En las grabaciones hechas por testigos presenciales, además de las captadas por las cámaras municipales, se aprecia como uno de los uniformados afectados fue golpeado con una presunta manopla que empuñaba uno de los formalizados.

En la audiencia el fiscal detalló que todo el procedimiento partió por una denuncia, en la que se daba cuenta que los acusados comercializaban drogas, y que en un bolso que mantenían encontraron dosis de marihuana y pasta base, hecho que quedó al descubierto al ser detenidos por Carabineros y la PDI.

Además los sindicados no cuentan con registros de su tránsito migratorio en el país, y no se da por acreditado que las identidades que manifestaron poseer sean las correspondientes.

Al turno de los defensores penales públicos, Pamela Delucchi y Benjamín Doizi, quienes representaron a los detenidos, además de cuestionar la legalidad de la detención se opusieron a la prisión preventiva.

Ambos abogados cuestionaron la existencia de la denuncia inicial, de la participación de todos en la agresión a los funcionarios y señalaron que no existió un microtráfico sino un consumo propio.

Finalmente el juez de garantía Vicente Muratori resolvió en favor de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva, dijo que los imputados actuaron en grupo pandilla, y agregó que "esto ocurre a diario y causa una inseguridad tremenda en la sociedad (...) la forma en la que estos imputados actúan, no respetando ni siquiera como dijo el fiscal la autoridad de la policía, es que efectivamente los ciudadanos de Tarapacá tienen miedo (...) la gente se está encerrando en sus casas por estos hechos, por la violencia con que actúan, no tienen miedo ni respeto por nada".

Finalmente fijo 90 días para la investigación.

El Gobierno repudió ayer la agresión sufrida por los funcionarios de Carabineros y además anunció que los imputados serán sometidos al proceso de expulsión del país.

Fue el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien declaró que "he dado instrucciones precisas al delegado presidencial de Tarapacá de que inicie el proceso de expulsión de estas cuatro personas que fueron detenidas por la agresión a carabineros".

"Estas personas tendrán que enfrentar la justicia (...) y dependiendo de lo que allí ocurra, estas personas serán expulsadas de igual manera. Vale decir, si tienen condena o no la tienen", concluyó Delgado.

Finalmente Natan Olivos, delegado presidencial en la región, se mostró satisfecho por la prisión preventiva decretada, y agregó que "tenemos lista la querella que será presentada ante los Tribunales, y también hemos firmado la expulsión de estas cuatro personas, la cual se materializará una vez haya concluido el proceso judicial que enfrentan".