Aunque el actual gobierno termina su período en 38 días más, el delegado presidencial todavía tiene la oportunidad de cumplir con una exigencia básica a los organismos bajo su supervisión. Todas la autoridades, sin excepción, tienen la obligación de informar y la ciudadanía tiene el derecho de ser informada en profundidad del quehacer realizado en cada una de las dependencias del Estado, sean las Seremis, servicios públicos y empresas del Estado.

Los informes deben ser documentos publicados en las páginas web de cada organización con detalles de contenidos, acciones, proyectos, inversiones y estadísticas de los resultados; y deberían ser mucho más profundos que un simple listado de obras o acciones cumplidas, gestiones en trámites o proyectos comprometidos; de tal manera que el cierre de un período presidencial sea también el punto de partida del accionar del nuevo gobierno que comienza el próximo 11 de marzo.

A pesar de la ley de transparencia, son varios los organismos que responden generalidades y evaden en el fondo la real obligación que les impone la ley. Ciertas autoridades creen que han sido beneficiados en la titularidad del cargo como una distinción honorífica y no sienten que sea su obligación dar cuenta de sus actos administrativos, para mantener a los ciudadanos adecuadamente informados.

Parte significativa del distanciamiento de los gobiernos y de los partidos políticos se debe a que los directivos del Estado no informan sistemática y continuamente a los ciudadanos, a aquellos que designan y renuevan el poder político y que son los que otorgan mandato al gobierno cada cuatro años.

La última petición al delegado presidencial es que instruya a los organismos del Estado en la Región de Tarapacá para que comiencen a redactar su informe final de gestión en conciencia y en profundidad.

"Son varios los organismos que responden generalidades y evaden en el fondo la real obligación que les impone la ley. Ciertas autoridades creen que han sido beneficiados en la titularidad del cargo como una distinción honorífica y no sienten que sea su obligación dar cuenta de sus actos".

Juan Morales Barraza, presidente Cordetur

Uno de los urgentes desafíos que le tocará encarar a la administración Boric será la crisis migratoria.

La Nueva Ley de Migraciones otorga la facultad de solicitar antecedentes penales del sujete que busca ingresar a nuestro país a través de un engorroso proceso consultar y fronterizo, sin embargo, la legislación no contempla el escenario actual donde la gran mayoría a flanqueado la frontera por pasos irregulares, siendo el paso fronterizo de Colchane como una "puerta para ingresar a la playa".

Según datos del Servicio Jesuita Migrante, al día ingresan 200 inmigrantes por pasos irregulares en

promedio, de los cuales, se estima que el 10% (20 de ellos) contaría con antecedentes judiciales que,

de entrar por un paso habilitado, sería motivo suficiente para no permitir su ingreso. Ante esta realidad, es de vital importancia realizar un proceso de empadronamiento de inmigrantes que ya han ingresado, el cual permitirá distinguir entre aquellos que realmente buscan una oportunidad de progreso, así como también que han sido víctima de trata y tráfico de personas, de aquellos delincuentes comunes que han venido a alterar la paz de las y los tarapaqueños. Estos últimos deberán ser expulsados en virtud de la ley vigente cumpliendo con el debido proceso.

Por otro lado, el control fronterizo debe ser más eficiente. Si bien es cierto que por condiciones geográficas y por su extensión de 850 Km. no es factible poner suficientes efectivos de Carabineros ni militares en cada Km, no obstante, las caravanas siguen el camino de las carreteras, las que sí o sí hacen de su paso obligatorio dos localidades donde se podrían establecer mejores controles: Pozo Almonte y Huara. Asimismo, mediante la implementación de soluciones tecnológicas como la toma de datos biométricos, se podría acelerar la gestión de antecedentes, así como también, establecer un sistema de "solidaridad obligatoria" para no duplicar las solicitudes de refugio en los distintos países donde han circulado. La tarea es compleja, pero cualquier conjunto de medidas, será mejor que el abandono intencionado de la administración aún en ejercicio.

Héctor Raúl Oyarzún,

magister RR.II PUCV

A enero 2022, 180 municipios están siendo investigados por diversos delitos de corrupción. Según el Consejo de Defensa del Estado, a noviembre de 2021, hay 1.119 causas distribuidas en 260 municipalidades. De estas, 489 corresponden a materias penales donde se investigan delitos de: fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencia, entre otros, asociadas a 180 municipios.

El contralor general de la República manifestó: "Como Contraloría, vemos con frustración muchas veces en que se hace todo el trabajo, la auditoría, luego viene un sumario con la propuesta de sanción por falta grave a la probidad. Y quien debe aplicar esa sanción es el concejo (municipal), llevándolo ante el Tribunal Electoral Regional, pero el concejo, por razones políticas, no hace ese trabajo, y por lo tanto ese sumario por falta grave a la probidad queda en nada, y eso evidentemente es un desincentivo".

Tomás Vodanovic, al asumir la alcaldía de Maipú encontró déficit de $34.000 millones de pesos. Según Vodanovic, el despilfarro en gastos tiene que ver con "cierta cultura y práctica municipal donde el alcalde o alcaldesa de turno se convertían en una suerte de patrón de fundo y generaban una gestión autoritaria". Un versículo de Proverbios 11,30 dice "El fruto de la honradez es un árbol de vida".

Derico Cofré Catril