El lunes, el Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que sanciona el comercio ilegal y que, entre otros aspectos, busca identificar y desbaratar a las bandas de crimen organizado dedicadas a esta actividad. En ese contexto, la normativa apunta a sancionar la venta, reproducción, comercialización o receptación de productos falsificados o no autorizados.

Esta nueva ley ingresó el año 2007 al parlamento y luego de una extensa tramitación fue finalmente aprobada por el Congreso. De acuerdo a la información publicada por el Gobierno, el texto "considera la falsificación, reproducción o venta no autorizada de obras literarias, artísticas o científicas protegidas por la ley de propiedad intelectual; así como también de fonogramas, videogramas, discos fonográficos, cassettes, videocassettes, filmes o películas cinematográficas o programas computacionales protegidos por la ley de propiedad intelectual".

En ese sentido, las policías, los inspectores municipales y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos están facultados para fiscalizar su cumplimiento y "requerir los permisos municipales o sanitarios respectivos, así como los documentos que acrediten el origen de las especies que comercializan".

En su promulgación, el Mandatario explicó que las municipalidades podrán establecer lugares donde pueda operar el comercio ambulante, pero siempre bajo permisos y en sitios apropiados para tales efectos, de modo que esta actividad no se traduzca en un menoscabo para los locales establecidos o para los vecinos.

Con todo, esta nueva ley representa un enorme desafío para los municipios, pues es un hecho que el comercio ambulante ha sido un problema difícil de resolver, sobre todo en fechas claves como Navidad, Día de la Madre, Día del Niño, solo por nombrar algunos. En el caso particular de comunas como Iquique y Alto Hospicio, la problemática parece estar desatada, por lo que seguramente se necesitará de una enorme labor para hacer cumplir la ley.

El escenario económico actual y las particulares características comerciales que se dan en Tarapacá demandarán, seguramente, de muchas herramientas para el control y, sobre todo, de una enorme voluntad política para ordenar una actividad que hasta hoy ha ganado la batalla.

"Representa un enorme desafío para los municipios, pues es un hecho que el comercio ambulante ha sido un problema difícil de resolver".

La creciente toma ilegal de terrenos, públicos y privados, amenaza al país y de sobre manera a la región de Tarapacá. En apenas dos años, entre 2019 y 2021, la cantidad de campamentos en la región aumentó 55% al pasar de 40 a 62. Hoy, cerca de 10.000 familias viven en esa irregularidad.

Ante esta realidad, vemos con preocupación el reciente fallo de la Corte Suprema en torno a la toma de un terreno privado, donde, en respuesta a un requerimiento de los afectados ante Tribunales, la Corte determinó que eran los propios afectados quienes debían "coordinarse" con instituciones del Estado para, otorgar una solución a los ocupantes ilegales, supeditando el restablecimiento de los derechos del propietario, al cumplimiento de esta condición.

La Suprema Corte hace parte al afectado de una responsabilidad del Estado, consolidando de paso una ilegalidad, bajo pretexto de resguardar los derechos de unos, pero postergando los de otros.

Si el máximo Tribunal quería hacer un llamado a la autoridad a solucionar la necesidad de las familias, debía hacerlo sin postergar la resolución de la ocupación ilegal reclamada, cumpliendo así la garantía constitucional del derecho de propiedad, consagrada también en tratados internacionales suscritos por Chile.

Por el contrario, con su fallo deja peligrosamente abierta la visión de que, si las vías institucionales que ofrecen las políticas de vivienda no son efectivas, entonces el acto ilegal de toma de terrenos no será desvirtuado, ni restablecido el derecho de sus propietarios.

Creemos legítimo que las familias, que necesitando un hogar donde vivir no pueden proporcionárselo por sí mismos, recurran a la acción del Estado para acceder a una solución habitacional efectiva y oportuna. Pero ello, no puede hacerse a costa de la vulneración o postergación de los derechos de otros, mucho menos si ello proviene de un fallo de nuestras instituciones encargadas de impartir justicia.

"Entre 2019 y 2021, la cantidad de campamentos en la región aumentó 55% al pasar de 40 a 62".

Jorge Pantoja Cárdenas,, vicepresidente, Cámara Chilena de la Construcción sede Iquique

Ayer Salud informó la cifra más baja de nuevos casos en varias semanas. Se trata de una importante caída, pero queda la duda si esto va de la mano con el número de PCR informados. Lo importante es seguir cuidándose.

Nuevo transporte

Cada vez crece más el número de personas que utilizan scooters eléctricos o similares para desplazarse por la ciudad. Sería interesante una campaña que indique cómo deben interactuar en la vía pública, para facilitar la convivencia con peatones, ciclistas y autos.

Con el pie derecho

Deportes Iquique prepara su debut en el torneo de ascenso 2022, donde enfrentará a Santiago Wanderers en Valparaíso. Es un difícil compromiso con un equipo que seguramente luchará por retornar a Primera, por lo que hay que ir por puntos al puerto.