Luego de no ser aprobada por el pleno la propuesta de norma que delegaba en el legislador la posibilidad de establecer una duración en los cargos de magistrados y magistradas del Poder Judicial, la comisión respectiva de la Convención Constitucional, planteando una organización de la Corte Suprema, aprobó una indicación que establece que los ministros y ministras de la Corte Suprema ejercerán sus funciones por doce años, sin perjuicio de que puedan posteriormente postular a otros cargos del sistema nacional de justicia.

Este proyecto que luego se someterá al Pleno de la Convención afecta la independencia del poder judicial en la misma magnitud que la disposición que proponía una duración específica en los cargos de la magistratura.

Si bien la periodicidad en el ejercicio de las funciones es un elemento central del régimen republicano, aquello apunta a los cargos políticos. En las democracias es importante la renovación de quienes portan intereses socialmente relevantes y que ocupen cargos de gobierno o representen a la ciudadanía en la elaboración de las leyes. Pero el Sistema de Justicia obedece a otra lógica, debe aplicar el derecho vigente con prescindencia de las convicciones personales de sus integrantes. De lo contrario terminaría torciendo la voluntad de las mayorías expresada en las leyes. De eso se dieron cuenta prontamente los revolucionarios luego de la Revolución en Francia cuando organizaron al órgano judicial como "boca muda de la ley".

En los debates de la comisión de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional, despolitizar de la judicatura ha sido un interés reiteradamente manifestado, pero esta fórmula aprobada va en la dirección contraria. Es un hecho comprobado que quienes detentan funciones sometidos a un plazo tienden a preparar su salida de dichos cargos, elemento que fomenta, en lugar de suprimir, los conflictos de intereses. Asimismo, los ex integrantes de una entidad sometida a este régimen suelen mantener el vínculo con los integrantes del órgano en que prestaron funciones, cuestión que también propicia anomalías.

Por eso, considerando que la Corte Suprema tiene un rol gravitante en todo sistema de justicia, parece bastante razonable mantener su duración hasta una edad determinada y no incrementar los factores que abrirían puertas a la captura de sus intereses.

"Parece bastante razonable mantener su duración hasta una edad determinada".

Dr. José Ignacio Núñez,, director Magíster en Derecho Público UCEN

La equidad de género en el acceso a la educación y el aprendizaje es uno de los principales desafíos que se nos plantea marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En efecto, el último ranking EPI, que mide el aprendizaje del idioma inglés en 112 países, arrojó una brecha que deja en desventaja a las mujeres con respecto a los hombres en su manejo de este idioma.

A nivel mundial, hubo diez puntos de diferencia, mientras que en Chile las mujeres están quedando veinte puntos más atrás en los resultados de esta medición. Hace diez años, la misma medición había arrojado que las mujeres hablaban inglés mejor que los hombres a nivel mundial y en casi todos los países. Esto muestra un claro retroceso en las oportunidades que tienen las mujeres para capacitarse.

Sabido es que el inglés es requisito laboral en todos los sectores. Su conocimiento promueve la movilidad profesional y puede ser un motor de inclusión, ya que iguala las condiciones de quienes provienen de diferentes orígenes. Por eso, en esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, defendamos su derecho a la educación, a la formación profesional y al aprendizaje de idiomas, de manera que todas puedan acceder a las oportunidades en igualdad de condiciones.

Pablo Parera,

gerente general de EF Education First Chile

La guerra en Ucrania empuja el precio del gas, el petróleo y la bencina a niveles récord en el mundo entero y Chile no es la excepción. Es más, como no somos productores de estos combustibles, a diferencia de los demás países de la región, dependemos todavía más del precio internacional, que ha subido de manera sostenida hace más de un año en Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina, pero con el conflicto en Ucrania se ha disparado. Lo más preocupante es que se pronostican subidas de precio durante todo este año.

Justo en este momento, en que vemos aumentos históricos en estos precios tras un año de alzas sostenidas a nivel global, comienza la discusión del proyecto de ley presentado por el Gobierno que regula el mercado del gas. Las expectativas de muchas personas, con justa razón, es que una nueva regulación genere una baja en los precios locales. Sin embargo, ninguna de las medidas que propone el proyecto para el gas licuado -que es un derivado del petróleo- aborda el problema de fondo: que dependemos completamente del precio internacional de una materia prima que Chile está obligado a importar.

El proyecto de ley tampoco asume ni dice que, para el petróleo y la bencina, el país cuenta con el Mepco, un fondo de estabilización que amortigua a nivel local el aumento de los precios internacionales. En cambio, no existe ningún sistema similar que beneficie a los consumidores de gas, que equivalen a más del 80% de la población. Por lo mismo, hasta que se tomen medidas para atacar el real problema de fondo, el precio internacional del gas seguirá impactando al presupuesto de personas y familias.

Mientras no asumamos el problema fundamental que nos afecta como país importador y, todavía peor, se sigan promoviendo iniciativas que no bajarán el precio del gas -y afectarán la disponibilidad, eficiencia y seguridad del servicio-, entre las personas se seguirán generando expectativas que muy pronto se verán nuevamente frustradas.

Ángel Mafucci,

gerente general Empresas Lipigas