Condenan por asociación ilícita a cuatro imputados del estallido
Los acusados reconocieron ante el Tribunal de Garantía de Iquique su participación en los hechos.
En un procedimiento abreviado, donde los acusados aceptaron los cargos imputados, la Unidad de Focos Investigativos de la Fiscalía de Tarapacá logró la condena de cuatro miembros de la organización conocida como "K-pop", la cual desde octubre de 2019 y durante varios meses cometió distintos delitos de desórdenes, daños y lanzamiento de bombas molotov en el sector conocido como la "zona cero" de Iquique.
El caso investigado por la Sección de Drogas (OS7) de Carabineros logró reunir los medios probatorios por los cuales se investiga a otros 13 sindicados, quienes rendirán audiencia el próximo 13 de abril, y se conocerá su futuro judicial.
El fiscal Maximiliano Mariángel explicó que "en la audiencia, cuatro de los 17 imputados que tiene esta causa, aceptaron los hechos por los cuales esta Fiscalía los había acusado y que estaban fundados en una extensa investigación, que incluía numerosas pruebas fotográficas, de videos, de evidencia levantada en el mismo sitio del suceso, escuchas telefónicas, análisis de los celulares de los imputados y levantamiento de secretos bancarios".
Agregó que "todas estas pruebas permitieron obtener una condena inédita en el país, como es la condena por asociación ilícita con el objetivo de confeccionar y lanzar bombas molotov, ocasionar desórdenes públicos y realizar barricadas en el sector denominado 'zona cero' de Iquique".
En un comunicado, la Fiscalía detalló que fueron condenados los imputados Claudio Romero Domínguez a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo por cinco delitos de porte y lanzamiento de bombas molotov y 61 días de presidio por asociación ilícita. Por este último ilícito, y por desórdenes, fue condenado también el imputado Idel Avaria Avaria a dos penas de 61 días de presidio.
En tanto, el imputado Jorge Burgos Durán fue condenado a dos penas de 61 días de presidio por el delito de asociación ilícita y por interrumpir la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública; y el adolescente J.Z.E. recibió cinco sanciones de 30 horas de servicio comunitario por los mismos dos delitos anteriores, además de desórdenes y tenencia de munición.
2019 ocurrieron los hechos en el marco de las protestas por el estallido social en la región.