Fronteras y crisis migratoria
La semana pasada dejó de regir el estado de excepción constitucional que mantuvo durante 60 días en varias provincias de la zona norte del país, entre ellas el Tamarugal. La medida se generó tras los bloqueos realizados por los gremios del transporte, luego del asesinato que terminó con la vida de un joven camionero en la región de Antofagasta. Su aplicación buscó frenar el ingreso irregular de personas al territorio nacional, situación que desde el inicio de la crisis migratoria se ha dado principalmente por Colchane.
De acuerdo al balance entregado por quien se desempeñó como jefe de la defensa en la región, general de Brigada Marcos Jaque, durante el estado de excepción se realizaron 9.823 ingresos al proceso de reconducción, pero solo se logró devolver a Bolivia a 688 migrantes, todos ellos ciudadanos de ese país. El resto, la mayoría de nacionalidad venezolana, fueron registrados y trasladados a los albergues instalados en Tarapacá.
La gestión del Jedena también dio cuenta de 17 detenidos por tráfico de drogas y 51 por tráfico ilícito de migrantes, además de la construcción de 3.546 metros de la zanja instalada para contener el avance de las personas al territorio nacional.
Desde La Moneda manifestaron que desde ahora las fuerzas armadas se mantendrán en la frontera colaborando con las labores propias que desarrolla personal de Carabineros, lo que fue bien valorado por gremios, vecinos y autoridades locales, no obstante, es necesario que, junto a esa medida, se busquen soluciones más de fondo para una crisis que seguramente no se detendrá.
En ese contexto, se requerirá ir evaluado el escenario, sobre todo considerando que a partir de mayo se realizará una apertura de las fronteras tras el cierre que se extendió por dos años como medida sanitaria para combatir el coronavirus.
Sin duda existen posiciones enfrentadas respecto a cómo abordar la crisis migratoria, sin embargo, lo que no puede ocurrir es que las nuevas medidas se detengan solo en discursos, ya que un tema tan complejo debe enfrentarse con una política de Estado que anteponga el bienestar de los vecinos de Tarapacá y en apego a los derechos humanos.
"Un tema tan complejo debe enfrentarse con una política de Estado que anteponga el bienestar de los vecinos de Tarapacá y en apego a los derechos humanos".