Suprema acoge recurso contra el desalojo de Laguna Verde
El delegado presidencial dijo que respetará la decisión judicial y evalúan las medidas a aplicar.
La Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia acogió un recurso de protección, en favor de más de mil 700 habitantes de la toma Laguna Verde de Iquique, quienes no podrán ser desalojados por la fuerza pública para la restitución del inmueble fiscal, por donde se prevé realizar una conexión hacia el nuevo acceso hacia Alto Hospicio.
La sentencia precisó que "deducen recurso de protección por sí y en favor de todas las personas domiciliadas en el inmueble fiscal del sector Laguna Verde (...) impugnando el acto que, califican de ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución Exenta N° 6, de 15 de enero de 2021, que ordena la restitución inmediata del inmueble fiscal ubicado en la comuna de Iquique, con auxilio de la fuerza pública, en caso de oposición, con facultades de allanamiento y descerrajamiento, libelo que dirigen en contra de la Gobernación Provincial de Iquique, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá, del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá y de Carabineros de Chile de Tarapacá".
En su resolución el máximo tribunal señaló que el amparo se da ante la imposibilidad de los habitantes de acceder a una vivienda, ya que la mayoría se encuentran cesantes o ejercen trabajos informales esporádicos.
Enzo Morales, abogado impulsor del recurso, explicó que "la Corte ordena a las instituciones señaladas a iniciar un juicio civil, de precario, para proceder a la restitución del inmueble fiscal, por tanto esta resolución beneficia a cientos de familias que para ser desalojadas deben ser emplazadas en juicio y no por la fuerza".
A su vez Yessica Lugo, dirigente de la Coordinadora Habitacional de Laguna Verde, refirió que el recurso va en beneficio de más de 450 familias. "Estábamos en plena pandemia y no teníamos recursos de trabajo en ese tiempo, no teníamos como sostenernos para aceptar el desalojo, teníamos que ver como proteger a los niños y adultos mayores", aseveró la vocera, quien ahora se siente más tranquila.
Al ser consultado por la resolución judicial, que incluye a servicios y secretarías regionales ministeriales de Gobierno, el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, manifestó que "estamos evaluando cuáles son las medidas más apropiadas, para poder resguardar el derecho de las personas y también la necesidad de contar con mejor conectividad".
El delegado agregó que respecto a las obras "va a tomar el tiempo que deba tomar, acá lo que tenemos es que respetar la decisión del Poder Judicial".
1.700 habitantes de la toma se vieron beneficiados por la decisión del máximo tribunal.