Romel J. Puche

Una solicitud a la Contraloría Regional para que fiscalice la presunta destinación de $85 millones de la Municipalidad de Iquique para el pago del beneficio de arriendo a funcionarios de confianza, fue lo presentado por los concejales Rodrigo Oliva, Washington Santos y Washington Maldonado. Dicha situación, a criterio de los señalados, representa una contradicción en las arcas de la institución, que además actualmente enfrenta, a través de Cormudesi, un proceso de embargo por la construcción de un consultorio en un terreno privado.

Del tema el concejal Rodrigo Oliva precisó que del presupuesto anual de la Municipalidad de Iquique, unos $350 millones se destinan al pago de arriendos de inmuebles, y hasta $85 se destinan al arriendo de inmuebles particulares para funcionarios de la casa edilicia. El concejal detalló "que al consultar qué estábamos arrendando, pensando que eran dependencias para la prestación de servicios a la comunidad, conseguimos la sorpresa que el alcalde nos dijo que esa plata estaba destinada para el arriendo de bienes inmuebles de directivos del municipio".

Oliva indicó que desde la Municipalidad se les planteó a él y al resto de los concejales que no pueden retirar esta ayuda, puesto que sería "un derecho adquirido por los años de servicio de estos funcionarios; ante esta situación y encontrando algunos antecedentes, porque una de las cosas que plantea el reglamento es que las personas beneficiarias no tienen que tener casas en la comuna, algunos traspasaron sus viviendas a familiares para hacerse del beneficio".

Dijo que el temor de una demanda civil ante el cese de los pagos de arriendos, sería una de las trabas por las cuales la municipalidad no retira esta bonificación a los funcionarios. "El presupuesto se aprobó y actualmente se sigue otorgando este beneficio, sigue operando y se les sigue pagando arriendo a funcionarios de los que tendríamos identificados al menos a nueve", aseveró el concejal.

"Hay uno que tiene una renta superior a seis millones de pesos, y al cual le estamos pagando 700 mil pesos arrendando en uno de los principales edificios de la ciudad, Mar Egeo, y a nosotros nos parece inexplicable", agregó el edil. A través del escrito presentado a la Contraloría se busca que se investiguen las actuales asignaciones de estos recursos, y si es certera esta calidad de "beneficio adquirido" expuesto por el municipio. "Queremos que estos privilegios se terminen, tenemos funcionarios ganando sueldos mínimos que con suerte tienen para el transporte, pero en cambio vemos que funcionarios privilegiados, de confianza, que tienen ahora este sobresueldo", finalizó.

Municipio

Consultados por La Estrella, desde la Municipalidad de Iquique aseguraron que los concejales se equivocan al señalar que exista un bono en la remuneración de funcionarios por concepto de arriendo.

Agregaron que existen 12 funcionarios acogidos a un derecho a casa fiscal, el que se establece en la Ley N°18.883 que fija el Estatuto Administrativo, y es en base a él que se genera un gasto anual. Explicaron, además, que del sueldo de las y los funcionarios acogidos a este derecho se descuenta el 10% por este concepto.

Concluyeron que "este derecho se encuentra reconocido por distintos dictámenes de la Contraloría General de la República, fue otorgado con anterioridad a la actual gestión municipal y no puede ser dejado sin efecto mientras se mantengan las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento".

"Finalmente reiterar que bajo la administración del alcalde Mauricio Soria Macchiavello ningún funcionario se ha acogido a este derecho ni a ningún funcionario se ha otorgado este beneficio", argumentaron.

romel.puche@estrellaiquique.cl

En el marco de lo acordado en reuniones de coordinación previas entre Terminales Marítimos de la Jurisdicción, y teniendo como principal objetivo prepararse para enfrentar una emergencia, se realizó el primer ejercicio de respuesta a la contaminación de este 2022 en Iquique, actividad que contó con la participación del personal de la Capitanía de Puerto y Gobernación Marítima de Iquique, la Lancha de Servicio General "Iquique", el Terminal Marítimo Copec y Esmax, como también de la empresa Corpesca.

El ejercicio simuló un derrame mediano de hidrocarburos como resultado de una falla en la transferencia de combustible desde una nave amarrada a un Terminal Marítimo, como los que habitualmente operan en la bahía. Ante tal escenario, se activó el plan de contingencia coordinado entre los terminales, la empresa Corpesca presente en el área y la Autoridad Marítima.

La actividad fue monitoreada por observadores técnicos del área de medio ambiente acuático de la Gobernación Marítima de Iquique, quienes se encargaron de identificar los errores y falencias que se presentaban durante el transcurso del ejercicio, como también las oportunidades de mejora para próximos eventos.

El capitán de Puerto de Iquique, capitán de Corbeta LT Cristian Concha, explicó la importancia que tiene la realización de estos simulacros en conjunto con los usuarios marítimos del área: "La realización de este tipo de ejercicios a comienzo de año, permiten por una parte, entrenar a todo el personal dependiente de la Gobernación Marítima y Capitanía de Puerto ante una eventualidad de este tipo que pueda ocurrir en la bahía. Asimismo, efectuar el reentrenamiento de los trabajadores de las empresas presentes en el área, que pudieran verse involucradas o afectadas por alguno de estos acontecimientos".