Los niños aprenden por observación e imitación, verdad universal conocida por todos materializada al verlos en sus juegos, escuchar sus expresiones reproduciendo el lenguaje que escuchan y las acciones que observan en sus padres y adultos cercanos, pero es también un llamado de alerta a la inmensa responsabilidad que ese entorno familiar, educacional y social tiene frente a los patrones de comportamiento y funcionamiento que muestran como "normales en la relación humana".

Sabemos que la violencia escolar es una manifestación conductual que se vincula con un contexto social y cultural, no podemos ignorar que los últimos años en Chile han estado marcados por situaciones de gran impacto y en los que la violencia ha sido una constante.

Entonces, ¿Qué hemos enseñado, pasiva y silenciosamente, desde nuestro comportamiento de adultos en estos últimos años? Podríamos sintetizar: los problemas se resuelven mediante la violencia, que el fin justifica los medios y que mis derechos están por sobre el bien común. ¿A alguien le puede sorprender hoy, la violencia instalada en nuestros colegios, en nuestras familias, en nuestra calle, entre los conductores, en el transporte público?

Al plan piloto propuesto estos días por el Ministerio de Salud, Educación y la Subsecretaría de la Niñez, las universidades debemos contribuir desde la tarea educativa a reflexionar sobre el comportamiento adulto (padres, educadores, profesores, familias) y las manifestaciones explícitas e implícitas de violencia en la relación con otros; proyectar cambios a modelos de convivencia respetuosos, regulados y equilibrados, y por otra parte, favorecer la incorporación en el sistema curricular escolar de programas que promuevan las estrategias de autorregulación emocional, cognitiva y comportamental en los estudiantes, para mediarlos hacia el equilibrio emocional, al automonitoreo del comportamiento y hacia la implicación responsable y activa en el manejo de sus frustraciones y emociones.

Es urgente que los que trabajamos formando a los futuros pedagogos y educadores, incorporemos en sus mallas curriculares la formación en autorregulación del aprendizaje, tanto para sí mismos, como para acompañar adecuadamente el desarrollo de sus futuros estudiantes.

Aspiramos a un mundo de paz, de mayor inclusión y respeto humano, que posibilite la aceptación de la diversidad y la sinergia de los talentos que cada persona posee para contribuir a una mejor sociedad y a un mejor país. Todo esto es tarea de todos, ¡pero atención!, "todos", es la suma del aporte de cada uno de nosotros, aporte urgente si queremos evitar que nuestros niños sigan aprendiendo violencia.

"Aspiramos a un mundo de paz, de mayor inclusión y respeto humano".

Sonia Fuentes,, decana Facultad Educación y Ciencias Sociales UCEN

Las personas que padecemos asma severo en Chile luchamos cada día por respirar. Aunque es común escuchar que un conocido o familiar padece algún nivel de asma, enfermedad que en Chile se estima que la padece el 10% de la población, poco se conoce sobre el asma severo, el cual es invalidante y nos impide hacer nuestras tareas cotidianas e, incluso, nos limita a trabajar.

La mayoría de las personas con asma pueden manejar bien sus síntomas con los medicamentos habituales, sin embargo, quienes vivimos con asma severo no podemos controlar los síntomas con esas terapias, incluso con dosis altas de medicamentos inhalados.

Nosotros luchamos cada día por respirar y es por ello que pedimos que las terapias biológicas sean consideradas en el próximo decreto de la Ley Ricarte Soto, las cuales podrían cambiar nuestra vida y devolvernos nuestra capacidad de trabajar y de hacer nuestras actividades de forma normal, como lavarnos el cabello, acomodar la cama o caminar en un supermercado.

Hemos esperado más de 10 años, dependiendo siempre de un decreto, las políticas han sido tan invisibles que la Guía Clínica para el Asma no se actualiza desde el 2013 y es recién ahora que está en proceso de actualización.

Se nos agota el tiempo y nosotros no podemos esperar al 2025, a un próximo decreto de la Ley Ricarte Soto. Hay gente que está muriendo. No se olviden de nosotros.

Claudia Fuentes,

presidenta de la Fundación Chile Asma

Gran revuelo causó las recientes declaraciones efectuadas a El Mercurio por el fiscal regional Raúl Arancibia, en cuanto al desborde de la situación de seguridad en la región. La fotografía que acompaña la nota de prensa, se aprecia al fiscal con una mirada perdida en el horizonte, como preguntándose ¿cuándo se jodió Tarapacá?, ¿será que la reforma penal cumplió su objetivo jurídico, más no las expectativas de la ciudadanía? ¿Será que los fiscales se preocuparon durante mucho tiempo de vestir a la moda en los pasillos de tribunales, más no de las falencias del sistema de percusión penal de la criminalidad? ¿Será que cumplir con las promesas de aumentar la dotación de policías terminó por mermar la calidad en la formación y capacidad técnicas de estas instituciones? ¿Será la miopía de clase política que no visualiza el foco de atención al problema, ni menos donde ubicar los recursos financieros? Quizás sean todos estos aspectos a la vez. Lo cierto es que, las declaraciones del fiscal constituyen un grito desesperado ante la crítica situación de seguridad en la región, con consecuencias insospechadas para el país. Algo así como si Batman estuviera por tirar la capa, absolutamente agobiado por la situación. Del resto de las autoridades que pueden decir y hacer algo más, no se observa acción. Por ejemplo, el delegado presidencial nos vuelve a sorprender, resaltando la claridad del fiscal regional sobre el diagnóstico que realiza sobre la falta de medios para enfrentar la situación delictual de la región, cual comentarista de panel. Sin embargo, gran parte de la responsabilidad en materia de seguridad, recae en él, derivado de las obligaciones y facultades que la propia ley le entrega. Por su parte, el gobernador regional, se entretiene con los famosos 500 cabildos que anunció, sin decir a la fecha para qué sirven y de que manera podrían incidir en la política regional. Qué decir de si existe algún plan de inversión regional en materia de seguridad. Al parecer, no habrá solución ni medidas a corto plazo para enfrentar la delincuencia en Tarapacá y, por tanto, el fiscal regional seguirá trasluciendo esa mirada melancólica, fijada en un horizonte imposible.

Cristian Sagredo