Cuadrar el
Una de las tentaciones más frecuentes de quien ejerce el poder es lo que pudiera llamarse una solución paretiana. Wilfredo Pareto sugirió (a inicios del siglo XX) que una medida era correcta si mejoraba a algunos sin perjudicar a nadie. La ventaja de ese tipo de soluciones es que nadie tiene motivos para quejarse, algunos están mejor, nadie sale perjudicado y todos felices.
Pareto dijo en otras palabras que era posible adoptar medidas sin quedar mal con nadie. O, si se prefiere, que era posible cuadrar el círculo.
El sueño del político.
El principio recibe aplicación en economía. Si el país crece, entonces usted podría destinar el excedente a mejorar la situación de los que están peor, dejando igual que antes al resto que está mejor ¿Quién podría oponerse a algo semejante? Una solución así sería Pareto óptima. Algunos mejoran y nadie padece molestia o perjuicio.
Eso es más o menos lo que el gobierno quiere hacer en materia de seguridad con el proyecto de estado intermedio: quiere dar seguridad a quienes están amenazados y son víctimas de la violencia sin perjudicar o lesionar o afectar la situación de nadie más. Por eso no quiere recurrir al estado de emergencia: porque este restringe o limita algunos derechos, como el de reunión o el de desplazamiento. En otras palabras, porque este impone un precio que hay que pagar para lograr seguridad. Pero el gobierno quiere alcanzar seguridad en la Araucanía sin costo alguno. Y para lograrlo ha imaginado un estado intermedio: en él intervienen las fuerzas armadas, pero no se restringe ningún derecho fundamental.
Es lo que ha informado el subsecretario Monsalve.
¿Es posible eso? No, desgraciadamente no.
Y es que la vida social, especialmente cuando está convulsionada por la violencia, como ocurre en la Araucanía, no admite soluciones tipo Pareto.
Usted, en efecto, no puede controlar eficazmente el orden público o prevenir ataques violentos contra la infraestructura o la población sin afectar los derechos fundamentales de todos, tanto de quienes planean efectuar esos ataques, como los de quienes los padecen. Un ejemplo bastará para advertirlo. Suponga usted que se aprueba el estado intermedio. En tal caso se aspira a impedir la violencia; pero no se permite restringir ni la libertad de movimiento, ni de reunión, ni ningún otro derecho fundamental. Imagine que la autoridad a cargo sospecha o ve indicios de que habrá un ataque violento. Decide entonces actuar ¿qué podría hacer? Como no podría restringir el derecho de reunión o la libertad de desplazamiento, ni ningún otro, entonces tampoco podría controlar a quien transita pidiéndole identificación o revisando los vehículos (lesionaría la privacidad), tampoco podría detenerlo a menos que estuviera cometiendo delito flagrante o fuere abiertamente sospechoso, ni menos podría establecer horarios para transitar (lesionaría la libertad de movimiento) ¿Qué podría hacer entonces salvo esperar que el acto violento ocurriera?
El proyecto de estado intermedio amenaza con ser relativamente inútil, puramente simbólico (como si quienes ejercen la violencia en el sur se inhibieran a la luz de los símbolos) y parece más bien un camino que se ideó para no hacer lo obvio: aprobar el proyecto presentado por el anterior gobierno (el de infraestructura crítica) o decretar el estado de excepción (el estado de emergencia).
Pero ¿por qué no hacer lo obvio? La razón más probable es que no se hace para no poner de manifiesto que cuando quienes hoy gobiernan se opusieron a proteger la infraestructura crítica o a los estados de excepción, obraron incorrectamente.
De ahí que se haya echado a volar la imaginación y decidido tomarse un tiempo tratando de cuadrar el círculo, mientras la violencia, por supuesto, sigue como si nada.
círculo
Carlos Peña