Diego Gotelli C.

Dentro de los diez días después de ser promulgada es el plazo que fijó la Convención Constitucional para que entre en vigencia la nueva Constitución y se derogue la carga magna vigente, en caso de que el Plebiscito de Salida respalde la propuesta redactada por la instancia.

Así lo acordó ayer el pleno al aprobar el primer artículo emanada de la comisión de Normas Transitorias, la que estipula los tiempos de implementación del proyecto constitucional. En esa línea, también se aprobó dar un plazo de un año para que el Presidente inicie el trámite legislativo para adecuar la legislación electoral a lo propuesto en el borrador.

Esas fueron algunas de las pocas iniciativas respaldadas ayer en una votación que le bajó el pulgar a varias de las ideas sugeridas por la comisión y que no contó con la presencia de convencionales de Vamos por Chile, quienes se restaron acusando que la instancia excedió sus facultades.

Entre las muchas normas rechazadas estuvo la que buscaba establecer un quórum de 2/3 al actual Congreso para introducir reformas a la nueva Constitución. La idea, que tenía detractores en la oposición y en parte del oficialismo, obtuvo 77 votos a favor, 44 en contra y 12 abstenciones, siendo devuelta a comisión al no tener el consenso de dos tercios que rigen al pleno.

Asimismo, volvió para ser reformulado el artículo que fijaba que en marzo del 2026 acabe el periodo de los parlamentarios y se ponga fin al Senado, acortando el mandato de algunos senadores, a quienes la iniciativa permitía postularse a las elecciones para la Cámara de las Regiones.

Una de las propuestas que sí aprobó el pleno fue la de imposibilitar que el actual Presidente Gabriel Boric pueda optar a una reelección inmediata, algo que el borrador permitiría para futuros gobernantes. Dicha norma transitoria obtuvo 124 votos a favor, 3 abstenciones y ningún sufragio en contra.

"Muy bien. Es lo que corresponde", tuiteó Boric

Al cierre de esta edición el pleno seguía deliberando otras normas transitorias.

"No puede haber impunidad", dijo ayer el Presidente Gabriel Boric para sostener que el Gobierno colaborará con entregar a la Fiscalía antecedentes relacionados a las muertes ocurridas durante el estallido social.

El Mandatario reveló en entrevista con Radios Regionales que el Ejecutivo recibió un escrito del Ministerio Público en que solicitan la información que dispongan sobre violaciones a los derechos humanos tras el 18 de octubre del 2019.

"Nosotros no solo vamos a poner los antecedentes de todos quienes sean responsables materialmente de la muerte, sino también de las autoridades políticas", afirmó el Mandatario tras ser consultado sobre su advertencia que hizo en campaña al exPresidente Sebastián Piñera.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, detalló en Mega que el pedido de la Fiscalía apunta a recopilar antecedentes que haya en las reparticiones públicas sobre comunicaciones, acciones que se hayan realizado y sumarios que puedan existir en torno a lo que derivó en violaciones a los derechos humanos.

Su antecesor, Juan José Ossa, salió al paso de los dichos y aseguró que en el gobierno anterior se habían entregado "todos los antecedentes solicitados" por la Fiscalía, según consignó La Tercera.

En su entrevista radial Boric también aseguró que existen menos antecedentes de los que le gustaría sobre quiénes quemaron el Metro. Y ante la opción de que ocurra un estallido en su mandato manifestó que "yo no puedo decir que a mí no me pasará. Sería una arrogancia".

Se puso plazo. Para este año el Gobierno proyectó dejar definida la ruta en que se trabajará para concretar el postergado tren entre Santiago y Valparaíso, proyecto que el Presidente Gabriel Boric prometió avanzar siendo la medida más aclamada durante su cuenta pública.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, detalló que junto a la cartera de Obras Públicas se encuentran analizando dos propuestas de recorridos, originadas en iniciativas privadas que se discuten en la unidad de concesiones.

En ambas, señaló, se requiere calcular la demanda que cubrirían y otros factores, como el ahorro en congestión y contaminación, además de la diferencia de tarifa y tiempos de desplazamientos respecto a otros medios, para evaluar su "rentabilidad social", la que en caso de no ser positiva podría implicar diseñar una tercera alternativa desde el Ejecutivo.

"Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y todas nuestras ganas en un proyecto que cuente con la rentabilidad social", dijo la autoridad, aunque deslizó que si de todas formas no se consigue viabilizar la idea podría no hacerse.

Una vez que se elija el recorrido, el ministro detalló que tardarían "un par de años" en el trabajo de ingeniería, por lo que estiman poder estar licitando el proyecto de construcción a finales del periodo presidencial, en el año 2026.