Patricio Iglesias P.

E l Minvu dio a conocer los resultados de una encuesta realizada en 2021 en todo el país sobre campamentos, en el marco de la primera Mesa Técnica Regional de Tarapacá en materia de vivienda, la que reveló que hay 60 asentamientos, ocho más que el último catastro antes de la pandemia, con 9.761 hogares.

De los resultados, se desprende que 28% de quienes viven en las tomas son mujeres y 22% hombres, mientras que el 50% son niños y adolescentes. Esto implica que se trata de familias jóvenes que llegaron a estos sectores, en especial durante la crisis sanitaria. Alto Hospicio cuenta con 43 campamentos (8.671 hogares); Iquique, 12 (872 hogares); y Pozo Almonte cinco asentamientos. Además, las tomas presentan falta de acceso a servicios básicos y problemas de seguridad.

El estudio también reveló que en los campamentos la mayor cantidad de migrantes jefes de hogar son de nacionalidad boliviana (36,9%). Solo el 26, 35% son chilenos y 16, 78% son peruanos. Posteriormente, le siguen ciudadanos colombianos (7,78%) y, por último, venezolanos (6,67%). La característica de las personas extranjeras que habitan en estos lugares es que están en situación irregular.

En la provincia de Iquique los campamentos se ubican en sectores como El Colorado y Laguna Verde; en Alto Hospicio se identifican al exvertedero, La Pampa, Toma Protesta, San Martín, sector de La Mula, El Boro, Renacer y Alto Molle, este último como macrocampamento de la región.

Respecto a los resultados de este estudio, el delegado presidencial, Daniel Quinteros, reconoció la realidad habitacional "donde 40 mil personas estarían viviendo actualmente en campamentos y tomas". Recalcó que el gobierno está haciendo esfuerzos para atender la situación de estas familias y admitió que la irregularidad migratoria es una barrera para quienes viven en campamentos.

El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, adelantó que insistirá en un "plan integral" habitacional en su comuna. "Sin duda esa es la solución. Lo conversamos en la mesa y el Presidente en su cuenta pública anunció el plan de urbanizar terrenos, de construir viviendas, con una visión de ciudad. Estamos con fe que los gobiernos tomen las experiencias de los municipios para avanzar y resolver los problemas". El jefe comunal cree importante integrar a las familias que se encuentran de allegados.

Mientras que el seremi del Minvu, Francisco Martínez, indicó que la mesa técnica "es un programa que apunta a resolver los problemas de campamentos y hacer un ordenamiento del territorio. Y en este catastro de 2021 arroja 60 campamentos. Es dinámico".

Martínez consideró que hay una crisis habitacional y migratoria y un plan integral es una opción. Recalcó que, en el caso de Iquique, la expansión al sector sur es una posibilidad.

La encargada nacional del Plan Construyendo Barrios del Departamento de Asentamientos Precarios, Andrea Pino, sostuvo que la evaluación es dinámica y tras el levantamiento de la información ya había indicios de otros asentamientos precarios. Remarcó que el objetivo es buscar soluciones habitacionales viables por parte del gobierno. "Se debe avanzar en proyectos concretos y se debe armar un plan de migración en virtud de la necesidad habitacional que tienen las comunidades migrantes. En este caso, es importante hacer un empadronamiento de los migrantes que están en el territorio y que están en condiciones irregulares, y luego hacer un plan de trabajo con ellos, para entregar una solución habitacional".

Pino expuso "que la vivienda en propiedad no es la única solución, la vivienda con arriendo protegido es una muy buena estrategia para familias jóvenes, familias migrantes y grupos familiares que recién llegan a un campamento e incluso las que están pensando en irse a campamentos", puntualizó la encargada.

8.671 hogares hay en Alto Hospicio viviendo en 43 campamentos precarios.

Una defensa de los cabildos está realizando el Gobierno Regional en conjunto con la Federación Regional de Uniones Comunales de Tarapacá, representada por Hugo Marín.

Para el dirigente, las denuncias hechas por los consejeros Eduardo Mamani y Solange Jiménez no tienen asidero y consideró que el proceso sí permite una efectiva participación ciudadana. Además, consideró que el core debió ir antes a Contraloría si tenía dudas sobre el proceso: "Nosotros no estamos en trinchera política, somos organizaciones sociales, cuando se invita a las personas, no les invita por un color, sino que a todos".

Marín aseveró que "estoy de acuerdo que vaya (a la Contraloría), tiene que hacer (eso que es) para lo que se les paga. Eso fue lo primero que debió hacer y no haberse paseado por todos lados, pues después las disculpas no sirven, pues ya ha enlodado a un montón de gente", aseveró.

El dirigente comentó que a los cabildos se han sumado instituciones como Carabineros, voluntarios del Cuerpo de Bomberos, universidades, escuelas y colegios, juntas vecinales, personas con capacidades diferentes, gremios, así como también agrupaciones medioambientales, culturales, deportivas, de emprendedores y de la diversidad sexual, entre otros.

Precisaron que los cabildos se encuentran en un 98% de ejecución, proyectándose que a finales de esta semana se alcance la meta de 500 cabildos ciudadanos realizados.

La directiva de la Federación Regional de Uniones Comunales de Tarapacá lamentó "que los consejeros regionales no hayan participado de ningún cabildo ciudadano desarrollado, así como también cuando se expuso ante el pleno del Consejo Regional, sobre el alcance del proyecto y sus avances, se hayan parado de la sala del pleno".