Diego Gotelli C.

A ludiendo a una caída en los delitos desde su entrada en vigencia, el Gobierno decidió solicitar al Congreso extender el estado de excepción que rige hace casi un mes en cuatro provincias de la Macrozona Sur.

La determinación la anunció la vicepresidenta Izkia Siches tras liderar la reunión de los jueves en que autoridades de Gobierno, policías y Fuerzas Armadas evaluan la eficacia del despliegue militar para el resguardo de las rutas en La Araucanía y el Biobío.

"Este estado de excepción nos ha permitido reducir los hechos de violencia en más de un 42% en sus distintas connotaciones", destacó la ministra del Interior, quien señaló que las conclusiones de la reunión se las harán llegar al Presidente Gabriel Boric para oficializar el pedido de prórroga al Parlamento.

Entre las cifras que maneja la cartera, dio cuenta de que en los últimos 20 días, comparándolos con igual lapso antes de la medida, la quema de vehículos bajó en un 80% y la de maquinarias lo hizo en un 53%, mientras que los delitos en rutas se redujeron un 55%.

También se informó que en el periodo no hubo incendios de camiones. Horas después, en Collipulli, Carabineros reportó que uno de esos vehículos fue quemado por 15 encapuchados armados.

A diferencia de la última prórroga que el Ejecutivo pudo hacerlo por su cuenta y que vence el próximo miércoles, esta vez la extensión deberá ser autorizada por las dos cámaras del Congreso.

Parlamentarios de oposición ayer garantizaron su voto a favor de la prórroga, aunque afirmaron que intentarán ampliar el rango del actuar militar para que no se centre solo en las rutas.

"Es una de las peores derrotas ideológicas del actual Gobierno", dijo en una declaración conjunta el grupo de diputados UDI por la zona, quienes apuntaron a una "tozudez" del Ejecutivo por negarse a la medida en sus primeros meses de mandato.

Desde la DC también mostraron su postura a favor, a fin de darles "todas las herramientas al Gobierno para resguardar el orden público", dijo el senador Matías Walker.

En el oficialismo la decisión abrió dudas. Mientras en el Frente Amplio lo calificaron de "apropiado" considerando las medidas complementarias que incluye el plan "Buen Vivir"; en el PC algunos, como el diputado Luis Cuello, señalaron su postura contraria a la "militarización del conflicto", argumento al que se plegó la diputada mapuche Emilia Nuyado, del PS.

"El único camino es el diálogo y militarizar el Wallmapu solo lo dificulta", dijo ella.