Patricio Iglesias P.

La región de Tarapacá cuenta con un total de 5.200 armas de fuego inscritas, de acuerdo a información entregada por la Dirección General de Movilización Nacional, institución dependiente del Ejército que tiene el control sobre armamento en civiles, esto de acuerdo a su actualización hasta abril de 2022.

La región mantiene la misma cantidad de armas inscritas que Atacama y es superada en la zona norte por Antofagasta, que reporta más de 8 mil.

En este contexto, el subprefecto de Carabineros, comandante Manuel Guzmán, precisó que una nueva disposición permitirá hacer controles de armamento "en el sentido que todas las personas que tienen armamento se estará realizando una fiscalización especial".

El oficial comentó que se ha detectado que armas de una persona fallecida quedan en el hogar e incluso no hay certeza que ese armamento esté aún en ese inmueble.

Según Guzmán, la medida es para saber si el usuario tiene o no algún tipo de observación que le imposibilite seguir con el arma que fue registrada.

Algunas consideraciones que se adoptarán, según especifica una nota publicada por El Mercurio, buscan establecer si el usuario que tiene armas inscritas se ha cambiado de domicilio y no lo ha notificado; en el caso de las personas fallecidas se busca despejar si los herederos han regularizado la tenencia de estas armas. También si la persona está afectado por alguna medida judicial.

Incautadas

Según dio a conocer Carabineros, este año han sido incautadas en la región 70 armas de fuego, 49 de fogueo y fantasía y 139 armas blancas.

Más control

El diputado (PC) Matías Ramírez manifestó que se debe avanzar a un retiro de las armas y por ello espera que el Gobierno presente el proyecto en el Congreso.

"En el Congreso hay dos posiciones opuestas. Yo respaldo el planteamiento del Gobierno en torno a la prohibición total de las armas de fuego particulares, me parece un camino correcto", argumentó.

Precisó que "lo que ha planteado el fiscal regional (Raúl Arancibia) se debe abordar particularmente para mejorar la fiscalización, especialmente vía marítima y vía terrestre, en ese escenario entregar mayor infraestructura y financiamiento a la Aduana y la Policía Marítima, para frenar el contrabando de armas de fuego".

Mientras que la senadora Luz Ebensperger (UDI) expuso que los problemas son el contrabando y no las armas inscritas: "Yo no creo que el problema mayor esté en las armas inscritas, hace unos meses aprobamos una modificación a la ley de armas y su tenencia. Por eso no estoy de acuerdo con lo que propone el Gobierno sobre prohibir la tenencia de armas en forma absoluta".

Argumentó que el problema real, a su juicio, "es la gran cantidad de armas ilegales y hechizas, muchas a partir de armas de fogueo. Creo que es ahí donde hay que poner el principal foco, y el primero nuevamente es el cuidado de las fronteras terrestres y marítimas para evitar el ingreso de armamentos clandestinos", aseveró Ebensperger.

Consideró, además, que la gente "debe tener herramientas para poder defenderse ellos y a su familia".

Para el diputado Renzo Trisotti (UDI), el control de armas debe partir en los delincuentes y no en quienes tienen y cumplen con la ley. "Culpar a quienes tienen legalmente un arma por la incapacidad del Estado de controlar efectivamente la delincuencia, es no hacerse cargo del problema de fondo. La simple prohibición de armas sin considerar a los delincuentes que las usan creo que es poner el foco equivocado", explicó.

Cree que se debe efectuar una persecución a las bandas, "son ellos quienes las tienen de manera ilegal y las usan para cometer ilícitos. Además, debe generarse un mayor control aduanero. Hoy se requiere urgente más inversión y personal para Aduanas en la frontera", argumentó.

El fiscal regional, Raúl Arancibia, expuso en un encuentro nacional de policías y fiscales que en la región hay un aumento de armas, en especial 9 mm y fusiles, los que llegan vía marítima y por la frontera. A eso se suma armamento hechizo.

Ayer no fue posible conocer la opinión del delegado presidencial, Daniel Quinteros.

Con el objetivo de contar con un espacio adecuado para la realización de diferentes actividades sociales, encuentros, capacitaciones y talleres, el Centro de Madres de Caleta Chanavayita desarrolló un proyecto de construcción y mejoramiento de su sede, cuyo diseño y ejecución contó con el apoyo de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.

La iniciativa beneficia a 47 socias de esta agrupación social y forma parte del Plan de Desarrollo Territorial, que la compañía lleva a cabo en las localidades del borde costero sur de Iquique.

El acto inaugural de la renovada sede del Centro de Madres "Mujer Mirando al Futuro de Chanavayita" contó con la presencia de la directiva y sus socias, vecinas de la caleta, ejecutivos de Collahuasi. "Lo que estamos viviendo es maravilloso. Como mujeres de esta caleta, es muy importante contar con una nueva sede para nuestro Centro de Madres. Sin la ayuda de Collahuasi, no hubiese sido posible alcanzar este logro. La compañía nos ha ayudado a mejorar nuestra calidad de vida; hacer nivelación de estudios, talleres y cursos; apoyan a nuestros maridos que trabajan en el mar, es decir, Collahuasi ha hecho mucho por nuestra comunidad", destacó Roxana Orrego, presidenta del Centro de Madres.

La obra consistió en una serie de mejoras en la sede, que significó la intervención de 438 metros cuadrados con un 100% de mano de obra local, aportada por una dotación de trabajadores de Chanavayita. Además, el proyecto fue ejecutado y supervisado por una empresa contratista de la misma caleta.

47 mujeres integran el centro de madres beneficiado.