Se ha comentado en la prensa y desde el Ministerio Público sobre el caso del Tren de Aragua, esta banda criminal que hoy han extendido sus redes a Brasil, Colombia, Perú, y últimamente, a nuestro país. Para hacerse cargo de esto, el mismo Presidente ha dicho que tomará medidas, pero la realidad es que, pensando en que ingresan clandestinamente y tienen antecedentes penales en su país de origen, no se ve mucha solución, por tres razones:

1-El gobierno limitó las reconducciones -o devoluciones- solo para ciudadanos bolivianos. Esto significa que cualquier extranjero de cualquier país que no sea Bolivia, aún si tiene antecedentes penales, las autoridades no pueden evitar su ingreso o devolverlo al país de donde vienen. Lo extraño es que si entran por Perú si pueden ser devueltos, lo que demuestra que existe una falta de disposición por motivos ideológicos, o una falta de capacidad de negociar con Bolivia, donde es el mismo Ministerio del Interior quien se autoimpone estas restricciones.

2-La nueva administración, desde la llegada del nuevo director (del Servicio Nacional de Migraciones), no ha expulsado a ningún extranjero en abril y mayo por ingresar clandestinamente o tener antecedentes penales en su país de origen. Solo 3 extranjeros, dos dominicanos y un venezolano, se fueron voluntariamente de Chile.

3-Se ha insistido, a través de registros biométricos, que entregarán visa a quienes ingresaron clandestinamente. Minimizar el ingreso clandestino y avanzar, de la mano de la propuesta de la nueva Constitución, en que se debe regularizar y no expulsar, independiente del prontuario del extranjero, es una señal muy equívoca con respecto a garantizar la seguridad de nacionales y extranjeros.

Estas tres medidas generan una señal de impunidad para extranjeros que no quieran respetar nuestras leyes y fronteras, dificultan el actuar de Carabineros y PDI, y es injusto con los extranjeros que solicitaron sus visas y aportan a nuestro país. Si no queremos que se extienda la influencia del Tren de Aragua y aparezcan nuevas bandas, se debe ser claro que en Chile las normas se respetan, pero hasta el momento, en estos 100 días, parece que el descontrol migratorio y la indolencia será la política migratoria del nuevo gobierno.

"Si no queremos que se extienda la influencia del Tren de Aragua (...) se debe ser claro que en Chile las normas se respetan".

Álvaro Bellolio,, ex director Servicio Nacional, de Migraciones

Suma y sigue no solo el incremento en los delitos en la región, sino también la violencia con la cual se están ejecutando. Un factor importante a considerar en la comisión de delitos es la percepción de inacción del Estado frente a estas conductas. En otras palabras, si los delincuentes tienen la percepción que ejecutar delitos no acarrea sanción ni control alguno, simplemente actuaran sobre seguro. A ello se suma la presencia de bandas de crimen organizado que cuenta con medios humanos y financieros para realizar su actividad delictiva, todo ello bajo las narices de las autoridades que corren en círculos ante tan patente realidad. El gobernador regional, luego de formular sendas promesas en materia de seguridad, se constituye en el primer desaparecido del debate en la materia, tal como lo hiciera con el anuncio sobre la realización de la fiesta de la Tirana, y que el tiempo ha demostrado que no tenía facultades para ello, dejando a las autoridades de salud en una situación compleja sobre determinar si se efectúa dicha festividad o no. Por su parte, el delegado presidencial, otrora académico en la materia, ha experimentado la enorme distancia que existe entre escribir un paper sobre seguridad, sentado en una cómoda oficina de una facultad universitaria, y aplicar de manera efectiva -en el mundo real- estrategias destinadas a mitigar el fenómeno de la criminalidad. Nos encontramos en un punto de inflexión, donde la voluntad política se debe expresar en acciones concretas, más allá de los anuncios de inversión en tecnología y recurso para las instituciones que trabajan contra la delincuencia y cuya vuelta administrativa no asegura que se materialicen este año. Una solución real e inmediata es decretar el estado de excepción constitucional de emergencia en la región, de manera completa y con todas las prerrogativas, que permita a la fuerza pública no solo controlar el delito en frontera, sino también en todos los centros urbanos, siendo intolerantes no solo ante las pequeñas faltas, sino ante toda la gama de delitos que sufren los tarapaqueños hoy. Pero claro, esta es una decisión solo para valientes. Veremos si las autoridades estarán a la altura.

Cristián Sagredo

Las confianzas se rompen cada vez que aparece una nueva denuncia que involucra a miembros de la Iglesia. Acusaciones de violencia sexual que estremecen a una sociedad que se encuentra dañada, dolida y desconfiada ante hechos lamentables que ocurren y que hoy no se callan sino se denuncian, se hacen visibles y se sancionan socialmente, lo que de alguna forma también repara a las víctimas.

Cómo juzgar a esas mujeres y hombres que hoy se atreven a hacerlo público después de años de sufrimiento interno, silenciando el dolor y la angustia. Lejos de juzgar, lo que se requiere es empatizar, buscar medidas que permitan reparar en algo el daño causado.

La confianza es como un hilo invisible que mantiene unida a las personas, ese hilo es frágil y se rompe, se puede volver a unir, pero ya no es lo mismo, quedará una marca siempre. Entonces, se debe aprender a resignificar las confianzas, lo que es necesario para avanzar como sociedad. Para ello se necesitan cambios visibles desde las instituciones y personas, comprendiendo que somos un sistema unido, entrelazado y donde lo que daña a uno, daña a todos. No es posible ya mirar desde lo individual, es necesaria la mirada desde lo colectivo y para eso se requiere volver a confiar.

Ivone Maldonado,

académica carrera de Psicología Universidad de Las Américas, Sede Concepción