Nuevamente Tarapacá sale a la luz por hechos relacionados al tráfico de armas de fuego, específicamente y como ya ha ocurrido en dos ocasiones en los últimos años, de grueso calibre.

Esta vez se da en una nueva ruta, luego que trataran de ser internadas por vía aérea desde Antofagasta y, al igual que en ocasiones anteriores, desarmadas para ser luego ensambladas por su destinatario final. Además estas tenían como procedencia Estados Unidos, al igual que el último envío detectado en el Puerto de Iquique.

Pese a que la Fiscalía ha insistido en mantener bajo reserva estas investigaciones, está claro que las armas buscan salir del país por las frágiles fronteras de Tarapacá a países vecinos y donde el destinatario final ya debiera estar plenamente identificado.

Pese a lo anterior, se trata de un negocio tan lucrativo que seguirá ocurriendo, por lo mismo es importante que las autoridades puedan tomar con mayor seriedad estos casos que siguen repitiéndose.

En los últimos meses el Gobierno anunció el fortalecimiento del control de armas en el país, lo que da cuenta no solo de un desconocimiento de la realidad, sino de esfuerzos equivocados, que en vez de atacar el contrabando, que es el problema real, busca soluciones en las armas reguladas.

Existe un descontrol con el uso de armas en el país, por lo mismo, es importante que se pueda abordar el contrabando, no solo de aquellas que buscan salir fuera del país usando los pasos no habilitados de Tarapacá, sino también el ingreso para su uso por las bandas locales.

Internet y la globalización no solo han traído conocimiento y cosas positivas, sino también delitos, sustancias ilícitas o armamento que hace algunos años era impensado que circulara por nuestras fronteras, por lo mismo el Estado debe estar a la altura y fortalecer sus instituciones tanto en recursos humanos y en tecnología.

Los organismos fiscalizadores, que por años han lidiado con el contrabando, deben fortalecer el control de armas, no solo para encontrar los envíos más sofisticados, sino también aquellas armas que ingresan a diario por las fronteras terrestres y que muchas veces son detectadas luego que ya fueron utilizadas, dejando heridos y fallecidos en el camino.

"Existe un descontrol con el uso de armas en el país, por lo mismo, es importante que se pueda abordar el contrabando".

Las últimas semanas hemos sido testigo del debate público en torno al reconocimiento de las Universidades Estatales en el nuevo texto constitucional, surgiendo algunas opiniones contrarias y una de las más reproducidas, la defensa a la tradición de la "provisión mixta" y diversidad de los proyectos educativos en el sistema de educación superior chileno.

La defensa a la autonomía y libertad de enseñanza son principios que no están ni estarán en discusión, tal cual ha sido refrendado en diversos cuerpos legales: LOCE 18.968 (1990), la Ley de Educación Superior 21.091 (2018), e inclusive en el borrador de la nueva constitución.

No obstante, es natural que el Estado fortalezca su relación de deberes y compromisos con sus universidades, las públicas (como en cualquier país normal del mundo), aquellas en que es el único mandante, y cuyo ingreso está garantizado por el libre acceso, apertura, diversidad, búsqueda del bien común, derechos fundamentales y en algunos casos ofertar programas mal llamados "no rentables".

En las universidades públicas las capacidades y los talentos se orientan a los objetivos que la sociedad y los territorios requieren, y por definición, no son privadas, confesionales ni privativas de algunos, ni buscan formas de lucrar, razón por la cual, el "trato preferente" que algunos cuestionan, no debe ser entendido como un privilegio, sino más bien como una obligación del reconocimiento del Estado a la función particular que cumplen "sus" universidades.

En este sentido, el concepto de "reconocimiento de la diversidad y autonomía", intencionadamente se ha desvirtuado para minimizar la presencia de lo público, en algo tan fundamental y estratégico como es la educación superior. Muestra de esto, es que el año 2021 (SIES), las universidades estatales concentran el 27% de la matrícula universitaria nacional, y solo el 16,7% de la educación superior en su conjunto, con todo lo que ello implica en recursos. "En el mundo no existe experiencia comparada con tal lógica y nivel de asimetría", esto es tan insólito como que el Estado entregue más recursos a clínicas que a hospitales públicos, o a la minería privada por sobre Codelco.

La valoración por la diversidad educativa no está en discusión, pues su valor está sustentado con certeza jurídica. Lo que no es comprensible, es la asignación mayoritaria de recursos a privados que representan intereses económicos, políticos, sociales y religiosos particulares.

"La defensa a la autonomía y libertad de enseñanza son principios que no están ni estarán en discusión".

Alberto Martínez,, rector Universidad Arturo Prat

Pese a todos los anuncios para corregir el déficit habitacional en el país, de todas formas se está lejos de encontrar una solución real. Es necesario un esfuerzo adicional y el trabajo con el mundo privado es la única solución.

Empleo minero

Es importante seguir potenciando la empleabilidad en la zona y para ello la minería es clave, pues no solo se trata de trabajos bien remunerados, sino que también dan circulación a la economía local. Está claro que la deuda está en la capacitación de la mano de obra local.

No hay caso

Todos los días, casi en cada cuadra de la ciudad, es posible encontrar automóviles mal estacionados, los que incluso obstruyen el ingreso a viviendas o dificultan el tránsito de peatones. La situación es caótica y es claro que ninguna medida ha dado resultado.