Parlamentarios criticaron al Gobierno por excoordinador condenado por drogas
Políticos exigen mejorar filtros en las contrataciones tras renuncia de Miguel Juárez Ponce.
Dos condenas por porte y consumo de drogas tenía el renunciado excoordinador regional de Seguridad Pública, Miguel Juárez Ponce.
Los antecedentes los denunció el viernes la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en su gira por Tarapacá para promover la opción Rechazo a la nueva Constitución. Horas más tarde, la misma Subsecretaría de Prevención del Delito, de la cual el exfuncionario dependía, comunicó la renuncia de Juárez Ponce.
El sociólogo de 41 años presentaba una condena con fecha 26 de agosto de 2004, tras ser sorprendido en las inmediaciones de avenida Arturo Prat con calle Genaro Gallo portando droga, ante lo cual debió pagar una multa. Otro sujeto que lo acompañaba tenía en su poder cocaína. La otra condena por Ley 20.000 fue en el 2005, cuando nuevamente fue sorprendido con sustancias ilícitas en una plaza de la ciudad. Sin mencionar que también el excoordinador presentaba una denuncia por violencia intrafamiliar en 2010, la que fue archivada.
El profesional había asumido en mayo el cargo, en medio de una fuerte crisis de seguridad que vive la región por la presencia de bandas del crimen organizado, situación que obligó intervenir al Gobierno con recursos y medidas para la macrozona norte.
Pese a la renuncia de Juárez, el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, argumentó que las condenas "están cerradas". "Dos casos fueron condenados y se cumplió y en el otro no hay una condena y no habían registros que nosotros pudiéramos tener públicos respecto a eso", justificó.
"La Subsecretaría de Prevención del Delito hizo las coordinaciones necesarias. El ahora excoordinador de Seguridad Pública presentó su renuncia y valoramos el gesto, significa un reconocimiento al trabajo que ha tenido el Gobierno en estas materias y queremos dar señales contundentes que en nuestro Gobierno no vamos a permitir este tipo de situaciones y lo que corresponde es dar vuelta la página y vamos a seguir trabajando de manera fuerte y mancomunada".
Sobre quién asumirá como coordinador de Seguridad Pública, Quinteros manifestó que la designación tomará unos días. "Sabemos es una prioridad en la región y quien ejerce las funciones de Gobierno interior es el delegado presidencial y sigo en funciones trabajando", remarcó.
¿Este caso no entorpece el trabajo en materia de seguridad? ¿No hay un retroceso?
La Mesa contra el Crimen Organizado la dirijo yo, de manera que la continuidad está asegurada. La coordinación es un apoyo, pero la autoridad sigue presente y atendiendo estas demandas.
El diputado UDI, Renzo Trisotti, manifestó su preocupación ante los errores que comete el Gobierno y en áreas sensibles como seguridad. "Esta es una muestra más de la incoherencia que ha demostrado el Gobierno en enfrentar con firmeza y decisión la delincuencia".
El parlamentario adujo que no se puede bajar el perfil al hecho, "pues no estamos hablando de cualquier funcionario, sino de quien debe coordinar la seguridad pública en una región que está enfrentando una de las principales crisis (debido a las) bandas criminales".
Consideró que si no hubieran sido descubiertos los antecedentes judiciales del exfuncionario, "el Gobierno no lo habría cambiado".
Mientras que la senadora Luz Ebensperger cree que el Gobierno es imprudente en su proceder. "No se trata de fiscalizar nombramientos, lo que se espera del Gobierno es que sea prudente cuando realiza los mismos. Yo creo que la gente puede rehabilitarse, pero no es presentable, prudente, no es razonable, ni entendible que el encargado de seguridad en la región y, peor aún, en la región de Tarapacá, donde estamos hasta el cuello con el narcotráfico y el crimen organizado, haya sido condenado por porte y consumo de droga y tenga además procesos por VIF. Eso es de un descriterio inaceptable", argumentó.
En tanto, el diputado (PC), Matías Ramírez, valoró que se haya tomado una decisión rápida. "Primero por el propio afectado, segundo que el Gobierno no se cayera en una defensa corporativa ni mucho menos. Es la gran diferencia respecto a gobiernos anteriores y esperemos que esto no siga ocurriendo en el nombramiento de ningún cargo en particular", argumentó.
Pidió mejorar los filtros para estas designaciones. "Me quedo con la reacción más que con la falla que pudo haber existido en la verificación de antecedentes", finalizó.