Nuevamente el tema migratorio se pone en la agenda noticiosa nacional. Esta vez son las expulsiones judiciales, las que buscan ser agilizadas con anuncios de modificaciones a la ley.

Es importante aclarar que el mecanismo ya ha sido utilizado, sobre todo en delitos relacionados a la ley 20.000 de drogas y todos los años se registran como una medida sustitutiva a las penas.

Si bien se trata de un beneficio para los condenados, es también uno para el Estado, debido a que muchas veces estos internos representan una gran carga para el sistema carcelario, sobre todo en las regiones del norte, donde el 45% de los internos son extranjeros y la mayoría de ellos está asociado a delitos de droga.

Pese a todas estas virtudes, en el contexto actual este tipo de medidas también son complejas, pues en muchos casos quienes son expulsados y pese a la prohibición de reingresar al territorio nacional durante un extenso periodo de tiempo, vuelven a traspasar la frontera de forma irregular. En ese sentido, la sola expulsión parece no ser suficiente y se deben ajustar acciones con otros países, de modo que el procedimiento no se traduzca en una especie de impunidad.

Pero independiente de los pro y los contra, es necesario enfrentar la temática y perfeccionarla, no desde el punto de vista de la mera coyuntura, sino como una modalidad que permita fortalecer y aprovechar de mejor manera los recursos en un sistema donde por lo demás nunca sobran.

Del mismo modo, es importante no dar un mensaje equivocado en cuanto a establecer comunicacionalmente a que todo ciudadano extranjero sea asociado a la delincuencia, sobre todo en momentos donde se busca ganar popularidad en la ciudadanía, tanto de uno u otro sector, ad portas de un plebiscito.

Solo un mínimo porcentaje de la movilidad internacional de personas esta asociada al paso irregular y por lo mismo las políticas migratorias deben ser abordadas con altura de miras, yendo más allá del sentir reactivo del ciudadano, sino del bien público a mediano y largo plazo.

"Es necesario enfrentar la temática y perfeccionarla, no desde el punto de vista de la mera coyuntura."

El 4 de septiembre del presente año es una fecha que quedará en la historia del país, se votará una propuesta constitucional por una convención que fue elegida democráticamente, con la esperanza para la población chilena que se obtuviera un documento con un estado de derecho que asegurara la estabilidad social con crecimiento económico.

No obstante lo anterior, el texto resultó ser un documento que introduce una serie de reformas estructurales en el aspecto del estado nación, sistema político, sistema judicial, modificaciones a algunas atribuciones sobre el Banco Central, reelección presidencial, entidades regionales que pueden incurrir en deuda pública y crear empresas públicas con la implementación de una serie de funciones que se traduce en un mayor gasto público.

Varios estudios sobre el costo que tendría el proyecto constitucional dicen que incrementaría en gran parte el gasto sobre el Producto Interno Bruto, que de acuerdo con la apreciación de este analista y en función de la capacidad productiva nacional actual no es financiable. El estudio que se destaca, entre otros, es el liderado por los economistas Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central; y Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda; con un grupo de académicos de universidades que consideraron dos escenarios: uno bajo que representa un 8,9% del PIB y otro alto que podría alcanzar el 14,2% anual, la distribución de este gasto adicional tendría un énfasis en el área de salud, educación y vivienda, sin considerar que el factor constitucional por sí mismo podría presionar indirectamente sobre el gasto público.

Los costos analizados están bajo el supuesto de la aplicación de un promedio de diez años, en función de precios diciembre de 2021 y el PIB de 2022, considerando los gastos en régimen, ajustes de stock. También adicionalmente los clasifican como gasto administrativo y no administrativo. Para ello, no se hicieron estimaciones asociadas a aspectos de gobernanza ni tampoco otros gastos indirectos o posibles reformas tributarias, el estudio solo se basa en los gastos directos que se pueden atribuir a la propuesta constitucional.

Los autores señalan que es fundamental considerar que las finanzas públicas deben sostener la premisa que sean bajo el principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal y, en este sentido, si se decide gastar más, el Estado debe ser capaz de movilizar más recursos, lo que implica aspectos de estructura de tributación y eficiencia del Estado.

"Varios estudios sobre el costo que tendría el proyecto constitucional dicen que incrementaría gran parte el gasto sobre el Producto Interno Bruto".

Dr. Héctor Varas M.

Pese a que muchos en la actualidad llevan la bolsita cuando pasean a sus mascotas, una extraña costumbre es que una vez que las utilizan las dejan al borde de la calle, como si alguien más deba ocuparse de llevarla a un tacho de basura.

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La ANFP ya puso las entradas a la venta para el duelo que sostendrá la Roja Sub-23 frente a Perú en Iquique. Sin duda es un gran espectáculo y la ciudad y el Tierra de Campeones tienen que lucir impecables para el partido internacional. A prepararse.