Condenan a una aduanera por apremios ilegítimos
Tras el juicio, el Tribunal Oral en lo Penal absolvió a la acusada por el delito de Tortura.
El Tribunal Oral en lo Penal resolvió condenar ayer a la funcionaria del Servicio Nacional de Aduanas J.M.S.R. como autora de cinco delitos de apremios ilegítimos cometidos en contra de mujeres extranjeras que fueron detenidas con droga en la Avanzada Aduanera del río Loa.
Tras el juicio se dio por acreditado que en dos fechas distintas del año 2019, la acusada, siendo funcionaria de Aduanas y en el marco de las fiscalizaciones realizadas a buses que pasaban por el complejo del río Loa, revisó a cinco mujeres, llevándolas hasta un cuarto privado donde les realizó distintas acciones vulneratorias a objeto de que confesaran que habían ingerido ovoides con droga y acelerar la expulsión de los mismos.
El fiscal Juan Zepeda junto a la abogada Victoria Márquez del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), presentó en el juicio los testimonios de las víctimas (de nacionalidad boliviana y peruana), de los funcionarios de la Policía de Investigaciones que realizaron las diligencias para esclarecer los hechos, y de los peritos del Servicio Médico Legal que realizaron los protocolos de Estambul a las mujeres afectadas, confirmando las lesiones físicas y sicológicas sufridas.
"Que, para arribar a esta conclusión el tribunal tuvo en consideración las declaraciones que las víctimas de los hechos prestaron en estrados, aunadas a la abundante prueba testimonial y pericial rendida en juicio, que, ponderada de acuerdo con las reglas de la sana crítica permitió dar por establecida la efectividad de las afirmaciones planteadas por el persecutor en su acusación", consignó el acta de deliberación cuya sentencia se leerá el 7 de septiembre.
Absuelta por tortura
En la causa, el tribunal decretó la absolución de J.M.S.R. de los cargos formulados en su contra por la parte querellante (Indh), que la sindicaba como autora del delito de tortura. Este fue el segundo juicio oral que se realiza en este caso, ya que el primero -que condenó a la acusada por tres delitos de tortura y dos de apremios ilegítimos-, fue anulado por la Corte Suprema. La fiscalía pide una pena única de 7 años de presidio en contra de la acusada.